El Blog de Fernando Berrocal

Ni legalización ni soluciones simplistas

Don Ricardo Jiménez decía que “solo los ríos no se devuelven”. Como costarricense me alegro que don Otto Guevara haya modificado sus opiniones de hace poco tiempo y que, ahora, opine que no es correcto pensar y proponer que la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas es una “paranoia” de las autoridades, que es un error encarcelar a los que “venden drogas”, que es necesaria “la re-legalización de todas las drogas” y que el Movimiento Libertario “promoverá la eliminación de todas las leyes que crean delitos sin víctimas”. Celebro esta rectificación de fondo.

El narcotráfico, en Costa Rica, ha producido más de 200.000 víctimas y una pandemia nacional de adicción, violencia y criminalidad que, en el grave punto en el que estamos, no es posible enfrentarla y esto también hay que decirlo en voz alta, sólo desde una perspectiva de policía o de una simplista mano dura a cargo de las autoridades, sino que requiere de una visión integral y un Acuerdo Patriótico para hacer efectivo, entre el gobierno, la sociedad civil organizada, las Iglesias y la prensa, una coordinación inter institucional y un esfuerzo de todos, articulado al más alto nivel posible, en la misma Casa Presidencial, como lo propone doña Laura Chinchilla y el PLN, para enfrentar con determinación y firmeza, igualmente, la dimensión preventiva y los esenciales aspectos de salud pública. Sin esa visión integral y de mediano plazo, como país, seguiremos en caída libre o, nada más, experimentando la satisfacción mediática y reducida de golpes parciales a la criminalidad por parte de la Fuerza Pública, el OIJ o el Ministerio Público.

Los enfoques simplistas de mano dura, al otro extremo ideológico del abolicionismo y la legalización de las drogas, han fracasado en todo el mundo. Los ejemplos sobran. En un país como Costa Rica, hay que repetirlo cuantas veces sea necesario, para comenzar toda acción de naturaleza preventiva o de respuesta de la Fuerza Pública, debe realizarse dentro del Estado Democrático de Derecho y en una absoluta coordinación funcional con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esto no es una concesión al garantismo como doctrina jurídica. Es que así lo establece la ley y esa es la única forma seria y responsable de actuar en un país que ha hecho de la plena vigencia del Estado Democrático de Derecho una razón de ser nacional. Si la legalización nos transformaría en una inmensa bodega y centro de distribución mundial de la droga, con el enorme poder de los carteles y la corrupción en el centro de la vida nacional, la tesis de la mano dura nos llevaría por caminos inciertos de violencia e ilegalidad por los que nunca ha transitado Costa Rica.

De lo que sí tenemos que estar claros es de que, en materia de narcotráfico, el problema es de naturaleza geopolítica y transnacional y que no existe posibilidad alguna para un país de las condiciones estructurales de Costa Rica que un enfoque igualmente transnacional y una activa alianza estratégica con los Estados Unidos, con Colombia y seguramente ahora, en materia de oportuna información policial con México, para combatir con niveles aceptables de eficiencia el enorme poder real de los carteles y limitar, por esa vía, el volumen de droga que se puede quedar en el mercado costarricense. Esto es realismo puro y esto es asumir el problema de la seguridad ciudadana como un problema de seguridad nacional y, en consecuencia, actuar en defensa de la soberanía y la integridad de nuestro país, estableciendo quiénes sí y quienes no son los aliados de Costa Rica. Lo contrario sería la entrega de Costa Rica y su destino nacional, a esos brutales y viles poderes que son los carteles de la droga, el narcotráfico internacional y sus aliados.

Por supuesto que el narcotráfico no es la única razón de la violencia y la criminalidad, aunque el 65% de los privados de libertad hombres y el 80% de las mujeres, lo sean por delitos vinculados a las drogas. Ahí es en donde surge esa dimensión integral y coordinada desde el más alto nivel de gestión política e institucional que propone el PLN y que tiene que hacerse cargo de otras acciones igualmente importantes, más allá de la acción policial y judicial que debe ser todo lo inteligente, firme, coordinada y contundente que lo permita el Estado de Derecho. Porque la criminalidad y la violencia, las drogas y el narcotráfico, hay que combatirlas también y de una forma igualmente contundente, organizada y bien articulada, por medio de acciones eficaces en el ámbito concreto de la lucha contra la pobreza y la marginalidad, el alumbrado público y la ausencia de lugares de recreo y deporte en nuestros pueblos y ciudades, fortaleciendo y profundizando el programa AVANCEMOS y las oportunidades para nuestra juventud, la defensa de valores y de la familia, la organización de la comunidad y de los estudiantes en sus escuelas y colegios para denunciar y combatir a los delincuentes que llegan a vender la droga, así como por medio de programas de capacitación y alerta del Ministerio de Educación Pública. De la misma forma que el Ministerio de Salud, el IAFA y especialmente la CCSS, tendrán que asumir la dimensión de la salud pública de esta pandemia y luchar por la superación de las adicciones y la plena reinserción de eso miles de muchachas y muchachos víctimas del narcotráfico, porque ellos también tienen el derecho a un lugar de respeto y a un trabajo bien remunerado en nuestra sociedad de oportunidades.

Ese enfoque integral y costarricense, coordinado desde la más alta instancia de dirección política por una mujer capaz, firme, honesta y con experiencia, en la propia Casa Presidencial, es también una campaña nacional por la recuperación de valores y deberá involucrar activamente a las Iglesias de varias denominaciones, a la sociedad civil organizada y a la prensa, cuya función no solo es informadora sino formadora en una sociedad democrática. El tema de la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia criminal, el narcotráfico y las drogas, es de tal magnitud que se ha transformado en uno de los más graves problemas nacionales. El país, en el presente, no está para soluciones abolicionistas de ninguna naturaleza ni para enfoques en una sola dirección o fuera del Estado de Derecho. Como nunca antes en nuestra historia, esta batalla contra el poder de esos enormes poderes facticos vinculados al narcotráfico, así como contra la violencia y la criminalidad internas, pondrá a prueba la fortaleza de nuestras más firmes convicciones nacionales. Es ahí y en la defensa del Estado Democrático de Derecho, en donde ha estado siempre la fortaleza de Costa Rica y así debe seguir siendo. El apasionamiento de una campaña política es una mala consejera.