¿Cómo este PLN, el actual, gastará mas de 12.000 millones de colones, o sean unos $24 millones de dólares, entre octubre, noviembre y 15 días de diciembre del 2013 y enero del 2014, en tres meses y medio, que es el próximo período electoral oficial para las elecciones del 2014?.

Pregunto también:¿Y cómo hará el PAC con sus $15 o $16 millones y así hacia abajo, el ML, el PUSC, el PASE, el Frente Amplio y los partidos políticos evangélicos, con su respectivos financiamientos, según el número de votos que obtuvieron en las elecciones del 2010. Eso es lo que dice la actual ley.

¿Cómo se puede gastar tanto dinero en tan poco tiempo, sin caer en la tentación del delito? Una gran locura, en un país en que se han perdido los parámetros de la lógica y la política la han transformado en un festín de fondos públicos.

Pero así será.Las elecciones del 2014 será un festín de “aparachicks”o sea de hombres y mujeres de los aparatos partidariosde alto mediano y menor nivel, disfrutando a lo lindo de los multimillonarios fondos públicos que el TSE pondrá a disposición de los partidos políticos para sufragar los gastos de la campaña electoral del 2014.

¿ Y los programas sociales… y las campañas para erradicar tugurios… y la lucha contra la pobreza extrema… y las delegaciones policiales para combatir el hampa y la delincuencia?. Se imaginan lo que se puede hacer con 12.000 millones de colones del PLN y la millonada de los otros partidos políticos.

Pero así será si no es que alguien, con sentido común y buen sentido de arrepentimiento, en los sectores políticos con poder, en el Gobierno de la República o en las Fracciones Parlamentarias, no se impone redactar, impulsar, negociar y hacer que se apruebe, en la Asamblea Legislativa, una ley de reforma total a la que actualmente regula el financiamiento de los partidos políticos. Una reforma que, con sentido común y lógica, se haga cargo de financiar el costo de la democracia y razonablemente el costo de las campañas, pero que elimine de una vez por todas este Festín de Baltasar.

Que yo recuerde, sólo José Miguel Corrales y Otón Solís, uno desde el PLN y otro desde el PAC, como candidatos, han tratado de modificar esta barbaridad de la política nacional y han propuesto alternativas razonables.

¿Por qué no asume esta bandera el gobierno actual?. ¿Por qué el Ministro de la Presidencia no convoca a la Casa Presidencial a los líderes de las distintas Fracciones Parlamentarias y se negocia un porcentaje, no del 0.19 ni del O.11 como se ha dicho, sino uno muchísimo menor y que dé como resultado, según el número de votantes previos, unas sumas razonables y justas y, de paso, se decide que un porcentaje de esos fondos se distribuya previamente, durante los cuatro años, para que los partidos políticos los destinen a verdaderos seminarios de estudio y programas de capacitación sobre la realidad nacional e internacional, para estimular el pensamiento crítico y las definiciones y propuestas programáticas que necesita Costa Rica.

Tal vez por esa vía, con mucho arrepentimiento y pidiéndolo perdón al país por este despilfarro delictivo de la campaña del 2010, la política en Costa Rica pueda volver a escribirse con letras mayúsculas y, de paso, se contribuya a eliminar parte del gran déficit fiscal del Gobierno de la República.

Asumiendo la responsabilidad que me quepa, voy a reiterar cinco propuestas que no necesitan de una Asamblea Nacional Constituyente, sino de una mayoría simple en la Asamblea Legislativa, o sea, 29 votos, para aprobar una urgente contrarreforma del Estado costarricense y entrarle a fondo y de verdad al problema de la “ingobernabilidad”:

1. Voto directo para elegir a los diputados: Los costarricenses estamos hartos de votar a ciegas por planchas que nos imponen, las cúpulas de los partidos políticos, con más o menos democracia interna. Las listas deben ser abiertas y nominativas. Los electores tenemos el derecho de conocer y votar por los diputados que queremos y no por los “aparachiks” o por los designados a dedo por el candidato de turno. Mientras no se establezca el voto directo y abierto, la democracia costarricense seguirá secuestrada por esas cúpulas, y los mejores y más capaces ciudadanos (as) seguirán fuera del sistema político real, en detrimento de la calidad del sistema democrático.

2. No al gobierno de los jueces: El pueblo, en las urnas electorales, en una democracia, escoge al presidente (a), sus dos vicepresidentes (as) y a los 57 diputados para que gobiernen, unos en el Poder Ejecutivo y otros en la Asamblea Legislativa. Esa delegación de poder es transitoria. Ese poder, el pueblo no se lo ha dado a los magistrados de la Sala Constitucional. La consulta preceptiva es una delegación de poder y autoridad política por parte de los señores diputados. ¿Cómo es posible que, al igual que a don Abel Pacheco, a doña Laura Chinchilla el gobierno se le escape de las manos y, ahora, el plan fiscal tenga que esperar 18 meses en consulta en la Sala IV ? Dan ganas de reír. Las acciones de inconstitucionalidad, cuando procedan, deben ser a posteriori. Los diputados deben asumir sus responsabilidades y no delegar poder y autoridad en los magistrados. El gobierno de los jueces es inaceptable en una democracia.

3. No al gobierno de los auditores: La Contraloría General de la República, al igual que la Sala IV, está sobredimensionada en sus funciones contraloras. En una democracia funcional, no se cogobierna con los auditores. No existe ningún articulo constitucional que le dé esas facultades al ente contralor ni a los auditores internos. La CGR es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y sus funciones contraloras; en cuanto al Poder Ejecutivo se refiere, deben ser a posteriori de los actos administrativos. El presidente (a) de la República y sus ministros, en las áreas de su competencia, deben asumir sus responsabilidades y obligaciones. En ellos delegó el pueblo soberano la función ejecutiva de gobernar. No en la señora contralora ni en sus auditores.

4. No al gobierno de los abogados: También está sobredimensionada la Procuraduría General de la República. Aceptar que los dictámenes de la PGR son de acatamiento obligatorio de los ministros y presidentes ejecutivos, es aceptar un cogobierno con los abogados y entregar las funciones ejecutivas al Departamento Legal. Esos dictámenes, en no pocos casos que podríamos documentar, son contrarios al programa de Gobierno por el cual votó el pueblo, que es el único soberano. Esa delegación de poder y autoridad igualmente contradice los principios de una democracia funcional.

5. Finalmente, la ‘tramitología’: Todos los Gobiernos de los últimos tiempos han ofrecido, en campaña electoral, acabar con la tramitología innecesaria. Hasta hemos tenido ministros cuya función exclusiva era acabar con la tramitología y no lo lograron. Esa excesiva tramitología, no solo tiene asfixiado al Estado costarricense, sino que es fuente de toda clase de corrupciones e implica, igualmente, una transferencia de poder y autoridad, por cuanto el verdadero gobierno se ejerce en los niveles medios y no en los niveles de decisión política superior. En este capítulo, corresponde señalar la actualización y modernización que se debe hacer del anticuado Servicio Civil y en el Código de Trabajo, para establecer sistemas flexibles de contratación y horario de trabajo, como corresponde a un Estado moderno.

Estemos claros: si no cambiamos el sistema de elección de nuestros diputados antes del 2014, los mejores y más capaces ciudadanos seguirán sin participar activamente en política, y todo seguirá igual en Costa Rica.

Si no ubicamos correctamente las funciones de la Sala IV constitucional, la Contraloría y la Procuraduría, reformamos el Servicio Civil y el Código de Trabajo y racionalizamos la tramitología excesiva, seguiremos siendo un país en situación de “ingobernabilidad”, cuando el país requiere urgentemente un Estado funcional y eficiente, en que cada cual asuma sus responsabilidades y obligaciones, sobre la base conceptual de que el único soberano, en una democracia, es el pueblo, y que esa soberanía solo se delega, libremente, en las urnas electorales.

Costa Rica urge no de una reforma, sino de una contrarreforma del Estado costarricense y regresar, aunque suene conservador, a la división clásica y liberal entre los poderes del Estado.

Eso es lo verdaderamente progresista.

Lo contrario es seguir tan mal como estamos.

No obstante, en su artículo “Crisis Fiscal: atajo al neoliberalismo” publicado en La Nación, el fundador del PAC incurre en una visión simplista y reduccionista, a la vez que se equivoca al analizar y comparar la situación y las soluciones que se dieron en 1982  y las actuales del 2011.

En 1982, al final de la administración Carazo,  la situación del país era crítica. Recuerdo que, en los días de la transición, después de una visita del Dr. Carlos Manuel Castillo al Banco Central, nos enteramos que no había prácticamente saldo de divisas. El Presidente Monge habló con el Presidente de la Madrid de México y Carlos Manuel hizo lo propio con el Secretario de Hacienda. Fuimos juntos al D.F. y se obtuvo un generoso préstamo puente, sin intereses, para apalancar el arranque del gobierno en el mes de mayo.

La respuesta a la crisis, a partir de ese momento, no fue neoliberal, como dice don Otón, sino de absoluta inspiración y práctica keynesianas, con visión de una fuerte intervención estatal. Nada que ver con la Escuela de Chicago, ni con dejar las cosas por la libre y a merced del mercado.

En la Casa Presidencial se formalizó el Programa de Ayuda a las Empresas, bajo la dirección del Ing. Max Alberto Soto, hoy Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, para evaluar y apalancar la situación crítica de 120 empresas privadas que estaban al borde de la quiebra. Incluso, esa fuerza del poder político interventor y bien utilizado, se hizo sentir hasta con bancos extranjeros, para avalar nuevas garantías, extender plazos y hacer arreglos de pago con los bancos nacionales. Así se forjó una positiva alianza entre el sector público y el sector privado. Paralelamente, mientras el Ing. Rodolfo Silva renegociaba la enorme deuda externa de Costa Rica, desde el MOPT el Ing. Rolando Araya se impuso el recarpeteo de la red de caminos vecinales y el inicio de nuevas obras de infraestructura.

A la vez, con el Presidente Monge se inició la apertura hacia la economía internacional  y acepto que, sin la cooperación inicial de México y  la sub siguiente de los Estados Unidos, no habríamos estabilizado el colón, equilibrado la balanza de pagos, ni salido de la crisis económica. De la misma forma que, sin la cooperación política de Venezuela y de Colombia, la  crisis   con Nicaragua se habría transformado en un conflicto armado.  Se necesitó de mucho  talento político en los dos frentes: el económico y el internacional.

A nadie, sin embargo, en aquel entorno tan difícil y complejo, especialmente a ninguno de los tres pilares del equipo económico, Alberto Fait (Vicepresidente), Carlos Manuel Castillo (Banco Central) y Porfirio Morera (Ministro de Hacienda), se les ocurrió pensar que la crisis tenía un único componente y que éste era el grave faltante presupuestario y la crisis fiscal.

El enfoque fue siempre integral, desde el ángulo de la reactivación de la capacidad productiva del sector privado, el incremento de las exportaciones, la construcción de infraestructura, la generación de empleo y no solo el equilibrio de las variables macroeconómicas o la solución del déficit fiscal. Tampoco aquel equipo veía el inicio de la apertura y la inserción inteligente en la economía internacional, como neoliberalismo. Desde entonces,  en el PLN, lo vimos como un imperativo de la realidad económica mundial.

Ahí está la gran diferencia con la situación crítica del 2011. Hoy está más que claro que doña Laura recibió “la mesa servida de clavos”: además de la grave inseguridad nacional  y la crisis de  infraestructura, un déficit fiscal del 5.5% del PIB que es el más alto de América Latina. La situación de 1982 no era, en lo sustantivo, muy diferente. Quizás era más grave. Pero  la solución unidireccional y reduccionista, en que ha caído el país, de simplificar la problemática nacional al tema impositivo y fiscal, a mí juicio es un error no solo de política económica sino de visión política. Así, a solas, a secas. En ese error no cayó el PLN ni el Presidente Monge y su equipo de gobierno en la crisis de 1982.  Ahora parece que sí y con el visto bueno del PAC, como principal partido de la oposición.

Me explico: basta leer el último Informe sobre el Estado de la Nación, para tener claro la magnitud de los problemas que se deben resolver, en muchos ámbitos de la vida nacional. Además del grave problema fiscal, señalo algunos apremiantes: el político (confianza del pueblo en los políticos y en los partidos políticos),  colapso de la infraestructura de carreteras  y puentes, un MOPT derrotado por una platina, capacidad y eficiencia en los puertos, costo de la vida (el más alto de la región) y reactivación económica del sector privado productivo y exportador, lucha contra la pobreza ( 600.000 personas viven en condiciones de miseria), inseguridad ciudadana e inseguridad territorial y, lo peor de todo, crisis en el corazón de la institución emblemática de la política social que es la CCSS. Esa debería ser la verdadera agenda país que tenemos por delante y no sólo aumentar los impuestos.

Esa tesis simplista y reduccionista, es muy peligrosa para Costa Rica.

]]> http://fernandoberrocal.org/2011/12/11/la-tesis-reduccionista-de-oton/feed/ 0 http://fernandoberrocal.org/2011/11/28/la-actual-crisis-de-costa-rica/ http://fernandoberrocal.org/2011/11/28/la-actual-crisis-de-costa-rica/#comments Tue, 29 Nov 2011 02:36:09 +0000 admin http://fernandoberrocal.org/?p=244 Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este almuerzo y por estar hoy aquí. De verdad que muchas gracias. Gracias también a mi amigo y compañero de luchas, el Dr. Sigifredo Aiza, por sus palabras. No está con nosotros, porque se encuentra fuera del país, pero igualmente les envía a todos un gran abrazo el Ing. Rodolfo Silva.

En la cultura anglosajona, el último jueves del mes de noviembre, que es precisamente el día de hoy, jueves 24, es el día de Acción de Gracias. Ese día las familias se reúnen y alrededor de la mesa, oran y le dan gracias a Dios por su bondad y le agradecen los bienes espirituales y materiales que hemos recibido durante el año. Yo quisiera iniciar hoy mis palabras dándole gracias a Dios por el país que nos ha dado y en el que todos nosotros hemos crecido, y compartiendo con Ustedes el agradecimiento a Dios por los bienes espirituales y materiales que hemos recibido, este año, por la voluntad de Dios y por el trabajo honesto de cada uno de nosotros.

Quienquiera que haya leído o escuchado la prensa de los últimos días y especialmente la de ayer, diría que Costa Rica está a las puertas del caos y en medio de una crisis económica, social, institucional y políticas sin precedentes, en los últimos tiempos. El periódico La Nación, por ejemplo, al dar cuenta del último Informe sobre el Estado de la Nación, titula que más de 600.000 personas viven en absoluto estado de pobreza y miseria en Costa Rica, con ingresos mensuales de 88.000 colones en las ciudades y 67.000 colones en la zona rural. Eso representa 173.000 hogares. Más adelante, en las páginas interiores, se informa sobre la total y absoluta decepción de la mitad de los costarricenses sobre la política y los partidos políticos. También se informa de una ciudad capital paralizada por las protestas de los taxistas y los motociclistas: cinco cuadras llenas de motos y una enorme caravana de taxistas rojos, colapsaron la ciudad y paralizaron el tránsito durante el día, protestando por el proyecto de nuevos impuestos y por la falta de autoridad de nuestros gobernantes.

Si uno sigue leyendo el periódico, se encuentra, en la página de Sucesos, con noticias espeluznantes sobre enormes capturas de droga (ayer se incautaron 1.200 kilos de cocaína, o seas más de una tonelada), a la vez que una banda tiene aterrorizada a San Ramón y sus alrededores (Palmares y Grecia) con sus crímenes, asaltos y su violencia, al tiempo que en Limón, al otro extremo del país, un grupo de pistoleros, o sea de sicarios a sueldo, asesinan a un joven por una deuda de narcotráfico. Y como si fuera poco, más adelante, se consigna que el uso irracional de los recursos naturales marcó un record negativo en el país. O sea que hasta el proyecto histórico de ser Costa Rica un país verde y de armonizar el desarrollo económico con la naturaleza y el ambiente, está en entredicho.

Lo peor de todo es que todo lo que se informa y todo lo que se dice en la prensa o en la televisión, ES CIERTO. Eso es lo verdaderamente grave. Como la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social y la irracionalidad de pagarles a cinco funcionarios, por concepto de prestaciones, la increíble suma de 1.000 millones de colones, o sea $2 millones de dólares. O que uno de los gerentes, está suspendido desde hace 10 meses, sin hacer nada, en su casa de habitación, costándole a la institución miles de miles de colones, porque la suspensión, mientras se le investiga, es con goce de sueldo y los investigadores no han dado todavía ni un informe, ni pistas de lo que podría ser su informe. Hablo del caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque esa institución es el corazón de la política social y humanitaria de este país, pero igual podríamos hablar de la situación en JAPDEVA y la crisis del muelle de Limón que es por donde salen el 80% de nuestras exportaciones, o del desastre de la infraestructura nacional de carreteras o de la estafa que ha sido la construcción de nuestro Aeropuerto Internacional, cuyo costo real, los viajeros costarricenses al exterior lo han pagado varias veces y cuya construcción duró literalmente dos administraciones públicas o de las autopistas fallidas y de las protestas de los vecinos de las distintas comunidades, sin que nadie en el gobierno se confronte seriamente y le exija a las empresas concesionarias los términos estrictos de los contratos suscritos. Para no hablar de una platina que ha derrotado técnicamente al Ministerio de Obras Públicas y a sus ingenieros, porque aparentemente no hay quien sepa arreglar de una vez por todas el problema de una simple platina, sin que nadie le diga al Señor Ministro que a lo mejor es muy buena gente pero que es un gran inútil que, cuando en este país habían gobiernos de verdad, no habría durado ni un día en el cargo Y esto es solo un ejemplo, para no hablar de otros Ministros, ni de otros Presidente Ejecutivos: uno de ellos quebró la Caja Costarricense del Seguro Social en el gobierno del Presidente Arias y si lo dejan unos días más, también quiebra al ICE en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Ese es el panorama y la realidad nacional.

¿Se imaginan, díganme Ustedes, a don Pepe, a don Chico o a Daniel Oduber aguantando como Jefes de Estado, tanto incompetencia y tanto despilfarro?

Yo digo que no, porque tuve la suerte siendo muy joven de conocerlos y de estudiar su pensamiento y, como tantos cientos de miles de costarricenses, al igual que todos Ustedes, soy hijo de las grandes reformas sociales del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia de los años cuarenta y del pensamiento y la monumental obra de los Padres Fundadores del Partido Liberación Nacional. Aquella visión de país, esa ética y esa mística política que llevaba a los mejores hombres y mujeres de Costa Rica, a entrar al servicio público y a comprometerse y trabajar, de verdad, con un proyecto nacional de desarrollo y crecimiento económico con justicia social y en armonía con la naturaleza, la verdad sea dicha llegó hasta el gobierno de Luis Alberto Monge. No importa si el compromiso venía desde las posturas ideológicas social demócratas o de desde el social cristianismo, este país fue un ejemplo de éxito y creció y se desarrolló hasta fines de los años ochenta del siglo pasado, cuando alcanzamos índices de desarrollo humano sostenible que nos transformaron en un país en la ruta del primer mundo, incluso con indicadores en educación y en salud pública superiores a los de los países desarrollados.

En los últimos gobiernos, le debemos a José María Figueres haberse empeñado en traer INTEL a Costa Rica y en haberle abierto a este país el camino de la alta tecnología y los servicios sofisticados, de los cuales depende en gran medida, en el presente, la economía nacional. A Oscar Arias, hay que reconocerle que nos obligó, como país, a entender que no hay futuro para Costa Rica, ni para ningún otro país, si no es por medio de una integración pro activa e inteligente en la economía internacional y que la globalización, nos guste o no, es el signo real de los tiempos.

Pero la verdad sea dicha, en algún momento, en algún lugar, en estos últimos 20 años, nos perdimos como país, desdibujamos la visión de país que veníamos construyendo, nos dividimos por mitades, entre los del No y los del SI, casi que con posiciones irreconciliables y perdimos el norte y el sur de nuestra visión política. En ese punto estamos en este mes de noviembre del año 2011. Los ciudadanos han perdido la confianza en sus dirigentes y cuando se pierde la confianza, se pierde la esperanza y eso nos sitúa ante una profunda crisis nacional de credibilidad que puede llegar, a otros países les ha sucedido, hasta el cuestionamiento del sistema democrático de vida.

Mi primera reacción y lo digo con toda honestidad, es que más allá de los problemas estructurales que tenemos que resolver como país, es que la crisis fundamental que estamos viviendo es una grave crisis política y de liderazgo político. Y no me refiero a tales o cuales Ministros y Presidentes Ejecutivos que brillan por su incapacidad, o al nivel intelectual y político de no pocos de los Diputados que integran la Asamblea Legislativa, de todos los partidos políticos, porque hay sus grandes excepciones. Tampoco y quiero ser muy claro en esto, me estoy refiriendo a la Señora Presidenta por la que tengo un gran respeto y aprecio personal o a su grupo cercano de colaboradores y asesores, por los que sí no tengo tanto respeto intelectual ni político. Me refiero a un problema mucho más grave y serio. Me refiero a que el país está sin rumbo y así lo entienden 9 de cada 10 costarricenses, según la última encuesta de la empresa UNIMER. Si eso es lo que piensan los costarricenses y yo formo parte de esos 9 de cada 10 costarricenses, es que el país está mal. Diría que muy mal, porque si solo 1 de cada 10 costarricenses piensa que el país tiene algún rumbo y sabe para adónde vamos, eso significa que atravesamos la peor crisis de confianza y credibilidad que haya vivido este país, en toda su historia, en aspectos tan esenciales como su institucionalidad democrática y hasta en la vigencia del mismo Estado de Derecho.

Una crisis de confianza del pueblo en sus gobernantes y en sus instituciones, es el inicio de una crisis de verdad, en serio, profunda y de la cual puede salir cualquier cosa en el ámbito de la política, porque digan lo que digan los que no quieren opinar, los que han dejado de votar y los que constituyen el mayor partido político de Costa Rica, que son los sin partido, es solo a través de la política y por medio de la política y la participación políticas que, en un sistema democrático, se estructura la vida institucional y la convivencia de los ciudadanos, en cualquier país civilizado de la tierra. No existe otra forma, nadie la ha inventado, para organizar a la sociedad y a los seres humanos, en un país democrático, si no es a través de la política y el Estado de Derecho.

Pues en Costa Rica, 9 de cada 10 costarricenses, dicen que este país no va para ningún lado y lo grave, de nuevo, es que es cierto. Conozco muy bien a otro país, al que quiero como mi segunda patria, porque viví y trabajé ahímuchos años, en una posición de privilegio como funcionario internacional, ese país es Venezuela, en que se llegó a un punto de inflexión parecido y que, después de casi medio siglo de gobiernos social demócratas y social cristianos, el pueblo perdió la fe en las instituciones, rechazó a los partidos políticos democráticos y a los políticos, se tiró violentamente a la calle y de esa enorme frustración y enojo, como una marea incontenible surgió un régimen autoritario, populista y demagógico, aliado de la Revolución Cubana, el cual tiene a Venezuela aún más postrada y al borde un colapso total, que no se produce por la única razón de que el petróleo que exportan se cotiza a US$ 110 el barril y eso le permite al Presidente Hugo Chávez hacer lo que quiere con los fondos públicos. Ese país está en el fondo de un hueco y su recuperación integral tomará varias generaciones de venezolanos.

Yo no quiero ese destino para Costa Rica, porque no creo es ese neo-comunismo populista o mal llamado socialismo del siglo XXI de Chaves en Venezuela, Correa en Ecuador o los hermanos Casto en Cuba. Ese no debe ser el destino de Costa Rica. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el sistema democrático y, para ello, no solo no podemos abandonar la política, sino que tenemos que imponernos la participación de los mejores hombres y mujeres del país en la política, para superar esta enorme crisis de confianza ciudadana que hemos comenzado a vivir. Todo lo que se necesita para los malos triunfen, es que los buenos ciudadanos no hagamos nada. Ese es el punto.

No podemos abandonar la política. Hay que luchar porque en Costa Rica, la política se escriba y se practique, en los hechos, con palabras mayúsculas y para que los mejores hombres y mujeres de este país, integren las cúpulas, los aparatos y las base de los partidos políticos democráticos y lleguen, por esa vía, a integrar como Diputados la Asamblea Legislativa y sean escogidos, en sus comunidades, como Alcaldes y miembros de los Consejos Municipales. Hay que luchar para que, en el Poder Ejecutivo, los Ministros sean líderes de primera línea y que el Poder Judicial sea integrado por jueces que representen lo mejor del pensamiento jurídico nacional. Hombres y mujeres que sean un ejemplo de honestidad, de compromiso con el país, de eficiencia y sabiduría. De otra forma vamos a perder a Costa Rica.

Pero no se trata, solamente, de eso que es fundamental en la Costa Rica del presente: de recuperar la política para los mejores ciudadanos del país. Se trata, también, de generar y poner en práctica ideas fuerza, ideas que aglutinen a los costarricenses alrededor de un nuevo proyecto común que haga renacer la esperanza de que sí es posible un futuro mejor y de que, en democracia y en libertad, como lo hemos venido haciendo y cómo se hizo, especialmente, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX, es posible superar los graves y profundos problemas de la pobreza y alcanzar, a la vez, el crecimiento económico con justicia social, preservando a Costa Rica como un país verde y en armonía con la naturales, con calidad de vida y en paz social. Una vez, no hace mucho, lo hicimos. ¿Por qué no podemos volver a hacerlo ahora?

Permítanme, entonces, en forma de síntesis, exponerles algunas de esas ideas fuerza en las que creo y por las que estamos luchando, junto a un grupo de compañeros y compañeras. Me voy a concretar, por razones de tiempo, a la REFORMA POLITICA que necesita urgentemente nuestro país:

1.- Solo vamos a lograr lo que estamos planteando, si se reforma el sistema de elección de los Diputados. Los costarricenses tenemos el derecho de votar en listas abierta por los mejores hombres y mujeres del país. Hay que acabar con los juegos de poder y las intrigas de las cúpulas partidarias, reflejadas en las listas cerradas de Diputados. Eso es lo primero. Hay que hacer que la actual Asamblea Legislativa apruebe una reforma integral al sistema de elección de nuestros Diputados, para que actúen y le sirvan a Costa Rica como verdaderos representantes del pueblo y de los superiores intereses nacionales y no, como está sucediendo, como mensajeros y defensores de esas reducidas cúpulas de los partidos políticos y sus juegos e intereses de poder político. Por ahí comienza el renacer de la política nacional.

2.- Tenemos, en segundo lugar, que oxigenar y destrabar al Estado Costarricense que es una entelequia ineficiente y mamotrética. En los hechos, en la realidad, el poder político que, en una democracia, el pueblo sólo lo delega y transitoriamente, en las urnas electorales, el día que se vota y se escoge al Presidente de la República y a sus Diputados, está secuestrado por una maraña de leyes y reglamentos y por un Estado Costarricense absolutamente disfuncional.Se los digo y afirmo con pleno conocimiento de causa. La estructura institucional y funcional del Estado Costarricense es obsoleta. Hay que ir a una REFORMA POLITICA a fondo de las leyes y reglamentos que configuran la estructura operativa y de relaciones funcionales entre los Poderes del Estado o no vamos a salir de esta crisis.

La reforma tiene que enfocarse en cuatro direcciones concretas:

- Que la Contraloría General de la República, que es un órgano de la Asamblea Legislativa y no del Poder Ejecutivo, cumpla sus funciones a posteriori de los actos administrativos y que no cogobierne, como sucede en la actualidad. Los Auditores Internos, en cada Ministerio, son Ministros a la Sombra que no permiten, con su mentalidad restrictiva y contralora, que el Poder Ejecutivo cumpla sus mandatos constitucionales de gobernar a los ciudadanos y de hacer obra física y de bien para el país. El Presidente (a) de la República y sus Ministros tienen que asumir sus responsabilidades y ejercer su cargo, con la única limitación que le impongan la Constitución y las leyes de la República, sin tener a la Contraloría General encima de la espalda, cogobernando y entorpeciendo la función ejecutiva y la generación de iniciativas de cambio. Antes no era así. Así no era cuando fui Ministro de la Presidencia en el gobierno de Luis Alberto Monge, en que se podía gobernar y ejecutar un Plan de Gobierno. Lo afirmo contundentemente: el poder de la Contraloría General que encontré, 20 años después, cuando volví a desempeñar un cargo ministerial, como titular de Gobernación y Seguridad Pública en la administración Arias, es desproporcionado, abusivo y disfuncional. Se necesita de una enorme persistencia, empeño y firmeza, además de una buena formación jurídica y política, para lidiar y superar los escollos que impone la Contraloría General de la República por medio de sus Auditores Internos y eso no es división democrática de Poderes.

- Hay que eliminar la función preceptiva de la Sala IV Constitucional, en que con la firma de 10 Diputados, todas las leyes de la República, van a conocimiento y resolución previa de siete Magistrados. Los recursos de inconstitucionalidad deben ser a posteriori y sobre hechos concretos, en la medida que un ciudadano estime que sus legítimos intereses constitucionales están siendo violentados por una ley o que la misma violenta intereses difusos de toda la sociedad. La Sala IV no es un Senado. Es un Tribunal de Constitucionalidad y, por supuesto, requiere de instancias judiciales previas que tampoco existen en la actualidad. ¿Cómo el desarrollo de un país va a depender del criterio de siete personas, por más letrados que estos sean y el país conoce y sabe que esta no es la realidad, porque fueron elegidos por la Asamblea Legislativa, como resultado de criterios y negociaciones políticas y no solo por su nivel de competencia jurídica o intelectual?. Con la consulta preceptiva previa, los Diputados se niegan a sí mismos el poder que el pueblo les otorgó en las urnas y lo trasladan a siete Magistrados. Los Diputados, con el apoyo técnico de sus Asesores, deben legislar y asumir a plenitud esa responsabilidad frente al país. El control de constitucionalidad tiene que ser a posteriori por el Poder Judicial y a solicitud expresa de un ciudadano o una institución. Además, el atraso que significa la consulta preceptiva, tiene alterados todos los tiempos de la función legislativa que corresponde, única y exclusivamente, a este Poder del Estado.

- A los Señores (as) Procuradores y a la Procuraduría General de la República, como institución, hay que recordarles que son, nada más, los abogados del Poder Ejecutivo y del Estado Costarricense y que su función no es cogobernar. De donde se han inventado y cómo es que el Poder Ejecutivo se lo ha creído, que los dictámenes de la Procuraduría, son de acatamiento obligatorio.

Eso es un cogobierno de abogados y de subalternos, peligrosísimos desde el punto de vista institucional porque quién limita el contenido ideológico de esos dictámenes y quién asegura que lo que establecen es lo correcto, si todos sabemos que adonde hay varios abogados pueden haber varios criterios distintos. Siendo Ministro de Seguridad Pública, en la última administración, nunca sometí una sola de mis decisiones a la Procuraduría, ni les pedí opinión sobre nada, ni jurídica ni de ninguna otra naturaleza.

La consulta se puede hacer, en un tema controversial, pero la decisión de actuar o no actuar corresponde al Ministro. Si éste, en el ejercicio de sus funciones, se equivoca gravemente o violenta las leyes, la obligación de la Procuraduría es defender institucionalmente a ese Ministro en los Tribunales de Justicia, pero no decirle a eseMinistro lo que tiene que hacer o no hacer. Peor aun cuando la Procuraduría o algún Procurador, por iniciativa propia, decide emitir un dictamen. En algunas áreas, como en el tema ambiental, los puntos de vista de esos dictámenes son paralizantes de cualquier iniciativa en materia de desarrollo económico y producción. Entonces, son los abogados de la Procuraduría lo que terminan gobernando.

- Finalmente, si no se reforma la Ley General de la Administración Pública y sus leyes y reglamentos conexos, el país seguirá paralizado, porque es casi una misión imposible contratar y hacer obra desde el Estado o por medio de la empresa privada, porque cuando se contrata es por vericuetos poco transparentes que es por donde se mete la corrupción y el compadrazgo, entre las dos partes de la mesa: el Estado y el contratista. El equilibrio funcional de un Estado Moderno, dice que ni un régimen abierto, ni un régimen casi imposible de superar en la práctica y en los hechos. A esto hay que agregar el reglamentismo al infinito que caracteriza y secuestra a nuestra Administración Pública y que se fundamenta en una visión maniquea del mundo y de la vida en sociedad y en democracia:los funcionarios públicos no deben tener criterio propio y son permisibles a la corrupción y hay que evitar, a toda costa, que tengan margen de decisión administrativa, a la vez que los ciudadanos somos todos unos corruptores, dispuestos a pagar una chisa para corromper y obtener ventajas del Estado. La regla sana que debería imperar es simple: “ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre”. Así, entre las leyes administrativas, sus reglamentos y la tramitología que caracteriza a Costa Rica, o sea la necesidad burocrática de obtener varios permisos en múltiples oficinas y dependencias públicas, sin los cuales no se puede hacer una obra o desarrollar un proyecto productivo, nuestro país está paralizado institucional y funcionalmente.

El funcionario público prefiere no actuar y no asumir su responsabilidad. Es mejor, simplemente, vivir en el confort de no hacer nada. La cuenta, sin embargo, la está pagando el desarrollo nacional y hemos perdido capacidad competitiva en la región. Lo que en Costa Rica se dura 6 u 8 meses en resolver, en otros países es un trámite normal de un mes y hasta de quince días. Así, de un gobierno elegido en las urnas para gobernar, hemos pasado al cogobierno de los contralores, los jueces y los abogados. Eso no puede ser.

Nada de esto, quiero que nos entendamos bien, requiere de una reforma constitucional con todas las dificultades que ello implica, ni requiere de una Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Constitución Política, la de 1949, fundamentada en la de 1871 de los grandes y brillantes liberales del siglo XIX, es una buena y equilibrada Carta Magna y tiene su mecanismo establecido de reformas parciales. Para hacer las reformas que el país está urgiendo, en la mayoría de los casos, no se necesita de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Se requiere, nada más, de una mayoría simple. Se requieren, nada más, 29 votos de Diputados dispuestos a hacer la REFORMA POLITICA que está necesitando Costa Rica.

La pregunta es por qué no se ha hecho: Por dos cosas, a mi juicio. La primera por falta de liderazgo y compromiso político, porque se llega al gobierno a pasarla bien y a disfrutar la magia del poder y no a hacer las cosas que el país requiere y necesita con urgencia. La segunda porque esa reforma hay que ponerla en blanco y negro, hay que escribirla, hay que señalar cuáles artículos se derogan o cómo se van a leer los nuevos artículos y entonces, como los políticos de los últimos tiempos, no estudian, ni tienen como proyecto un modelo coherente, esperanzador y viable de país, nada de esto se hace en los partidos políticos. Me refiero, especialmente y porque ha sido mi Casa Política de siempre, a la actual crisis de liderazgo y de ideas del partido Liberación Nacional. Los otros ni cuentan, con la única excepción del PAC que ha realizado recientemente un Congreso ideológico y que pareciera, por fin, que han comenzado a hablar y discutir sobre cosas importantes para Costa Rica y no solo de la rigurosidad de la ética en la función pública.

Les he pedido a dos estimables colegas y amigos, al Doctor Enrique Rojas Franco y al Dr. Fabián Volio Echeverría, uno especialista en Derecho Administrativo y el otro en Derecho Constitucional, a mi juicio de los mejores profesionales e intelectuales que tiene el país, que conformemos un pequeño grupo y preparemos, artículo por artículo, con base a la experiencia que los tres hemos tenido ejerciendo funciones públicas, las reformas políticas que el país necesita y que la sometamos como un solo proyecto de ley, por la vía de la iniciativa popular, a la Asamblea Legislativa, en el transcurso del año 2012.

La REFORMA POLITICA que les he señalado, no agota ni mucho menos la agenda que el país debería tener por delante. Hay que hablar de cómo financiar un gran plan de construcción de infraestructura de carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y muelles, si queremos llegar a ser un país desarrollado. Hay que hablar a fondo de educación y de salud pública. Hay que hablar, también, de seguridad territorial y de seguridad ciudadana que es un gravísimo problema nacional y regional. Y no solo hay que hablar, hay que concretar y poner en blanco y negro los planes y proyectos que necesita Costa Rica, para avanzar a paso firme en esta segunda mitad del siglo XXI.

Hay seis ejes de trabajo ineludibles, en los que necesitamos trabajar seriamente y con patriotismo:

- El de la Reforma Política

- El de la reactivación económica

- El de la infraestructura.

- El de la seguridad ciudadana y territorial.

- El de la educación pública y privada

- El de la salud pública

Pero sobre todas las cosas, mi mensaje a Ustedes en el día de hoy, es que si no queremos perder a Costa Rica, NO PODEMOS ABANDONAR LA POLITICA y QUE TENEMOS QUE RECUPERAR LA POLITICA PARA LOS MEJORES HOMBRES Y MUJERES DE COSTA RICA. Los invito, por ello, a trabajar con nosotros en este esfuerzo necesario y urgente de recuperación nacional. Si nos unimos los mejores y buscamos las convergencias políticas necesarias, podremos juntos superar esta etapa de crisis que estamos viviendo en Costa Rica. No es excusa decir que la crisis es mundial. Nuestra responsabilidad es aquí y ahora, con nosotros mismos y con nuestro pueblo.

Muchas gracias.

La última vez que Costa Rica tuvo una política de Estado, realmente proactiva e integral  con Centro América, fue en la administración de José María Figueres (1994-98), siendo Fernando Naranjo Canciller de la República y Luis Guillermo Solís, Director de Política Exterior.  Esa política tuvo mucho éxito. Eran los años del Presidente Bill Clinton y, en Washington,  existía una buena comprensión y políticas de cooperación  mucho más claras y definidas  hacia nuestra región. Ahora parece que solo interesa el narcotráfico.

Desde entonces, los siguientes gobiernos han optado en diferentes grados, por el aislacionismo regional. La única excepción,  es la negociación conjunta con la Unión Europea, pero más por presión de los europeos que por una decisión nacional. La Unión Europea nos exigió, al igual que los Estados Unidos con el TLC, negociar como  región y no como países aislados.

Tres razones objetivas obligan a repensar este tema fundamental:

1.-  La más obvia e importante de todas, porque es nuestro vecindario. Desde 1962 con el Tratado de Managua, el proceso de integración regional desarrolló y consolidó una relación de vasos comunicantes entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica e incluso Panamá, aunque su plena adhesión fue posterior. Varios tratados  fortalecieron y profundizaron esa realidad  que, ni las terribles y largas guerras de la región, pudieron disminuir. Casi cincuenta años después, Centro América es uno de nuestros principales mercados de exportación y existe una institucionalidad regional.

2.- El mundo político real, nos ve como una  región. A la visión de los europeos y de los estadounidenses, se unirá igualmente China una vez que consolide sus relaciones con Centro América, a partir de Costa Rica.  La globalización, por otra parte, nos obliga a una agenda conjunta y pro activa en lo que ya está pactado por medio de los TLC, así como en lo que se podría desarrollar conjuntamente en otras áreas. Un buen ejemplo es la oferta turística regional, antes de que se nos acaben los  argumentos de la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué no incluir en el paquete las maravillas mayas y coloniales de Guatemala, los bellísimos corales de las islas del Golfo de Honduras y las playas y volcanes de El Salvador y Nicaragua, así como los nuevos desarrollos de Panamá y las obras en el canal, además de la Costa Rica verde y pura vida. Un enfoque así  potenciaría las inversiones y el desarrollo económico en una región que, integrada, representa una economía superior a la de los países medios de América Latina, con seis polos de desarrollo y un enorme mercado regional. El potencial es enorme.

3.- El principal problema nacional y regional que es el de la inseguridad, la violencia criminal, el narcotráfico y el crimen organizado, es un fenómeno transnacional y solo se puede enfrentar desde una perspectiva regional e internacional. El que no entiende esto, no entiende  lo que está pasando en esta región del mundo, como zona de tránsito, bodega, centro de distribución y organización estratégica de las mafias internacionales. El otro grave problema que es la pobreza, solo se puede resolver con trabajo y desarrollo económico integral, creando riqueza y empleo bien remunerado.

Ese es el cuadro real y no otro. Algún sector del país piensa que podemos seguir siendo la “Suiza de las Américas” y que lo mejor es el aislamiento. Otros, entre los que me incluyo, pensamos que cosas más graves y desastres peores de los que han sucedido en la región no pueden volver a suceder, desde las guerras civiles hasta la invasión del narcotráfico, en un momento del desarrollo humano en que la internacionalización de la economía, obliga a estrategias pragmáticas, imaginativas y audaces para potenciar, integralmente, las capacidades nacionales y arriesgarse por opciones impostergables y realistas a nivel regional. Ese es el punto de fondo.

Panamá es un boom económico y financiero. El Presidente Funes, en El Salvador, ha logrado el milagro de la reconciliación nacional y un equilibrio de poder político y democrático viable entre las antípodas: el FMLN y Arena, las extremas políticas de izquierda y derecha. Honduras ha sido, siempre, nuestro gran amigo regional y atraviesa por un proceso en que, hasta el Ex Presidente Zelaya, apuesta por las elecciones libres. En Guatemala hay cambio y muchas esperanzas. Con Nicaragua, por más diferencias que existan, es mil veces mejor la plena normalización de las relaciones  ahora y no después  del fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Este es el momento político correcto y hay buenas puertas abiertas en la región y no solo en lo económico, también en la dimensión del liderazgo democrático de Costa Rica. Por ello, es hora de volver a pensar, tener presencia  real y actuar  responsable y constructivamente en Centro América.

]]> http://fernandoberrocal.org/2011/11/14/nuestras-relaciones-con-centroamerica/feed/ 0 http://fernandoberrocal.org/2011/10/17/60-anos-de-liberacion-nacional/ http://fernandoberrocal.org/2011/10/17/60-anos-de-liberacion-nacional/#comments Mon, 17 Oct 2011 17:28:49 +0000 admin http://fernandoberrocal.org/?p=238 En el origen fue el estudio, la academia, la crítica y la “reinterpretación de la historia de Costa Rica”, como  escribió en su  tesis de grado  Rodrigo Facio. En  aquel entonces,  fue el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y la Revista Surco. Después fue el partido Social Demócrata. Eran los años 40.

A la hora del duro alumbramiento, en las históricas y críticas elecciones de 1948, fueron las armas y la insurrección en las montañas y los pueblos, para defender la institucionalidad democrática y el derecho de los costarricenses a elegir libremente, en las urnas electorales, a sus legítimos gobernantes.

En esa hora decisiva, la Proclama de Santa María de Dota selló para siempre el compromiso de la lucha sin fin  contra la pobreza y la desigualdad, así como el compromiso de ampliar los sectores de ingresos medios y su poder adquisitivo y político en nuestra sociedad costarricense.

Un general victorioso, don Pepe Figueres, como hecho único y trascendental, decidió, entonces, desarmar a su ejército victorioso y abolir para siempre las Fuerzas Armadas. Comenzó entonces, con los Decretos Ley de la Junta Fundadora de la Segunda República, la obra de los gobiernos  liberacionistas.

Después vino la reunión de Ginebra, en Suiza, entre don Pepe, don Chico, Daniel y Luis Alberto. Todo, entonces, estaba listo y así, poco tiempo después, un 12  de octubre de 1951, en la finca La Paz, en San Ramón de Alajuela, el movimiento se transformó en el partido Liberación Nacional.

Desde entonces,  en las urnas electorales, el pueblo le ha dado  a Liberación Nacional su confianza y el poder para gobernar, constitucionalmente, en nueve oportunidades: dos a don Pepe, una a don Chico, una a Daniel Oduber, una a Luis Alberto Monge, dos a Oscar Arias, una a José María Figueres y el actual gobierno de Laura Chinchilla. Con el gobierno revolucionario de la Junta Fundadora, son diez. En total, casi 38 años de gobiernos liberacionistas y una presencia casi siempre mayoritaria en la Asamblea Legislativa.

Una hazaña política e ideológica sorprendente y sin precedentes, con grandes e históricos aciertos y también, hay que decirlo, no pocos errores en la conducción y en la ética de la vida pública. Pero ahí está Liberación Nacional, como una realidad política incuestionable en la vida de Costa Rica.

Quien diga que la historia de Liberación Nacional ha sido fácil, se equivoca y miente. El mejor homenaje que le podemos hacer a este gran partido político,  es reconocer la verdad y los conflictos internos de siempre, los de antes y los de ahora, las enormes rivalidades  entre sus más altos dirigentes, las duras divisiones y los desgarres ideológicos por los que ha atravesado.

Más allá de su enorme obra histórica, es quizás en esa capacidad de sobrevivencia política en donde está su secreto y su mayor fuerza, porque lo que mantiene vivo a Liberación Nacional, más que un carnet de militancia que nunca ha existido, es una sincera emoción y los sentimientos de tres generaciones  de liberacionistas.

Nunca llegamos a ser un verdadero partido político como lo querían Daniel Oduber y Luis Alberto Monge, pero sin duda sí estructuramos una poderosa y peleadora maquinaria electoral a nivel nacional y en los 81 cantones de la República. Una maquinaria que sabe cómo ganar elecciones.

Liberación Nacional, es una mezcla criolla y pragmática entre ideas  socialistas, liberales, social cristianas y nacionalistas. La social democracia costarricense es un proyecto reformista y democrático, a veces a la izquierda del centro y otras a la derecha del centro. Así es igualmente el pueblo costarricense. De ahí su fortaleza electoral.

A Liberación Nacional nadie le puede negar su capacidad demostrada de introspección intelectual y su permanente vocación por encontrar plataformas programáticas  frente a los grandes cambios que ha vivido la humanidad y la política, desde su fundación hasta el presente. Antes, en los orígenes y en los años de Patio de Agua y  cuando existía La Catalina, bastante más que ahora, pero siempre queda un sedimento crítico de esos grandes desgarres ideológicos y ahí también está su fuerza y su vitalidad.

Precisamente y desde hace meses, estamos en  una de esas tantas controversias intelectuales internas, en que unos queremos rescatar el alma social demócrata de Liberación Nacional y otros quieren acentuar el giro hacia la derecha ideológica y el neo liberalismo de la última época, a la vez que unos exigimos plena  democracia interna  y convención abierta y los otros, desde el poder del aparato partidario secuestrado, confabulan para imponer un procedimiento restringido para elegir al Candidato  del 2014.

Entre esas  dos posiciones  y la visión del país que queremos, celebraremos estos 60 años. Un debate interno que no deja dudas de que estamos vivos políticamente y eso es más que bastante. Sobre todo en una Costa Rica en que, el más grande partido político es el partido de los que no tienen partido político y están hartos de los políticos. Una  gran verdad objetiva en medio de una  merecida celebración para Liberación Nacional. Mejor aún, un gran reto para reconquistar el corazón de los costarricenses.

 Defensa de la soberanía y la integridad territorial

 Reforma integral y presupuesto  para la Fuerza Pública

El cobarde abandono de la  bandera tricolor en la Isla Calero, por  parte de nuestra Fuerza Pública, es un hecho inaceptable para la conciencia nacional.

Además de espúreas, las órdenes superiores que ordenaron el abandono de Isla Calero hicieron posible la ocupación de nuestro territorio por el ejército sandinista.

La usurpación de Isla Calero sólo es equiparable al uso que hacen de nuestro territorio y nuestros mares, las narcomafias internacionales, para trasegar drogas ilícitas.

La Constitución Política de 1949, la misma que proscribió el ejército como institución permanente, establece la soberanía del Estado sobre el territorio y sus mares y las fuerzas de policía necesarias para la vigilancia y conservación del orden público y el Estado de Derecho.

La Constitución Política le asigna a la Fuerza Pública dos responsabilidades esenciales: proteger el territorio nacional y garantizar la seguridad a los ciudadanos del país.

Ese precepto constitucional se cumplió hasta hace algunas administraciones.

Lamentablemente, en  el caso de Isla Calero como en el de la lucha contra el  narcotráfico, las fuerzas de policía que establece nuestra Constitución Política, han estado mal dirigidas y sus acciones han sido mal orientadas. La evidencia de los hechos es contundente.

A esos hechos censurables, se debe agregar la grave situación de inseguridad y violencia criminal, resultado de la profunda penetración de las mafias del narcotráfico internacional y el crimen organizado.

Los últimos gobiernos han actuado con irresponsabilidad y debilidad censurable frente a toda esta grave realidad nacional, denunciada y probada ampliamente.

Como costarricenses, celebramos los avances de nuestra sociedad en otros campos económicos, sociales e institucionales, pero censuramos el abandono irresponsable de la seguridad pública en Costa Rica.

Confiamos en el Derecho Internacional y esperamos los resultados de la Corte Internacional de Justicia, pero no podemos ignorar el hecho cierto  de que el gobierno sandinista sigue haciendo mofa y ridículo de nuestra soberanía e integridad territorial, por medio de permanentes incursiones y actos festivos en isla Calero.

La inseguridad y el narcotráfico internacionales deben enfrentarse con acciones frontales valientes e inteligentes, como lo hicieron quienes forjaron nuestra nacionalidad al defender nuestro territorio en contra del filibustero de 1856.

Los costarricenses no aceptamos más promesas incumplidas en materia de seguridad territorial y seguridad ciudadana. La soberanía no se negocia, se defiende con valor y patriotismo.

Es urgente que del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa  y el Poder Judicial, salgan las reformas y las leyes que de manera urgente, requiere la salvaguarda de nuestra seguridad territorial y ciudadana.

Una de las fundamentales obligaciones de los gobernantes, es asegurarle  a los gobernados que puedan vivir en paz y en un país seguro y sin violencia criminal. Esa obligación no se está cumpliendo en Costa Rica.

La seguridad nacional, como concepto integral y responsabilidad del Estado, está muy mal en Costa Rica. Esa es la absoluta verdad.

Urge un ACUERDO NACIONAL en seguridad.

Nos constituimos, a partir de hoy, en un FRENTE PATRIOTICO y DE DEFENSA NACIONAL, activo, combatiente, propositivo y abierto a todos los costarricenses de buena fe y de todas las corrientes políticas e inspirado por los mejores ideales, valores y principios democráticos que conforman el ser costarricense y nuestra nacionalidad.

Nuestra lucha es por dos objetivos esenciales:

 1. La Defensa de nuestra soberanía e integridad territorial.

 2. La reforma integral, el presupuesto y la dotación material necesaria para nuestra Fuerza Pública.
En este tiempo de definiciones, decimos unidos, firmes y a viva voz:

¡Viva Costa Rica!

  ¡Viva la Costa Rica de Juan Rafael Mora y José Figueres Ferrer!

  12 de octubre del 2011.

 “Cuando alguno pretenda, tu gloria manchar…

Verás a tu pueblo valiente y viril,

la tosca herramienta en armas trocar”.

Cuando el Presidente Serrano Elías, civil y predicador evangélico, hace unos 15 años, al mejor estilo de Fujimori en Perú, con el apoyo de los sectores ultra conservadores de Guatemala, se propuso cerrar el Congreso Nacional de ese país, un sector fuerte de la cúpula militar estaba dispuesto a acompañarlo en el intento de golpe de Estado. El que evitó que eso sucediera y que se rompiera el orden constitucional, fue el general Otto Pérez Molina. Pero hizo más: no solo evitó un baño de sangre y negoció la salida del golpista Serrano Elías hacia Panamá, sino que hizo posible un consenso nacional y que llegara a la Presidencia de la República, en un gobierno de transición, un hombre recto, intachable y honorable como Ramiro de León Carpio, en ese entonces Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

Ahí se inició la última pacificación de Guatemala. En efecto, Ramiro de León Carpio, desde el Poder Ejecutivo, inició un exitoso proceso de negociaciones con la insurgencia que culminó con la firma de los Acuerdos de Paz. Uno de los principales negociadores de la paz y el hombre que acompañó y defendió ese proceso, desde adentro de las Fuerzas Armadas, fue el general Otto Pérez Molina. Ante la historia, ese histórico mérito le corresponde al civil y Presidente que fue Procurador de los Derechos Humanos, pero en Guatemala nadie duda de que la paz no se habría alcanzado nunca sin el respaldo firme e incondicional del general constitucionalista que convenció a sus compañeros de armas de apoyar los Acuerdos de Paz y cerrar un capítulo doloroso y trágico de la historia guatemalteca con más de 100.000 muertos entre civiles y militares. Los militares se retiraron a sus cuarteles y después vinieron los gobiernos democrática y libremente electos de los Presidentes Arzú, Berger y Colom, todos ellos civiles. Guatemala, con ello, ha cambiado profundamente en estos últimos 15 años de vida en democracia.

Estamos de acuerdo que la democracia no son solo elecciones libres y que se requiere de una estricta división entre los Poderes del Estado, de gobernabilidad, seguridad jurídica y Estado de Derecho, de régimen de partidos políticos y de una sociedad civil organizada y respetada por los gobernantes, de plena libertad de prensa, de efectiva seguridad ciudadana y nacional, así como de un conjunto de políticas de inclusión y reforma social y económica para eliminar la pobreza y generar cada vez sociedades más justas y libres. De todo ello se trata la vida en democracia y eso es lo que los costarricenses más deseamos para nuestros hermanos de Centro América.

No siempre, en Costa Rica, sin embargo, tenemos claro que, más allá de las diferencias objetivas que existen con nuestros vecinos, hay una relación cierta de vasos comunicantes entre nuestros países y que esos difíciles y complejos procesos democráticos de cambio están en marcha. Tampoco conocemos bien la realidad, las ideas y a quienes son los actores principales de la vida política en Centro América. Vivimos como aislados de la región, aunque somos parte de una misma geopolítica, como lo pone de manifiesto el tema de la inseguridad y la penetración del narcotráfico en Centroamérica.

Por eso me he atrevido a escribir sobre el general Otto Pérez Molina y su trayectoria de militar constitucionalista. Podría señalar, también, que sus más cercanos colaboradores son jóvenes profesionales emergentes y graduados de INCAE y que su propuesta de gobierno es responsable, modernizante y seria, en una Guatemala que, para ganar la batalla del desarrollo económico, debe a la vez y paralelamente enfrentar y superar gravísimos problemas sociales y de integración de los sectores indígenas, así como de violencia y de inseguridad, amenazado como está ese país hermano de transformarse en un estado fallido por la presencia del narcotráfico internacional y el crimen organizado en la zona del Peten y en la frontera con México y Belice.

Se trata de un descomunal reto que ya sea éste general de probada vocación democrática y constitucionalista, o su inmediato contendor en las urnas, Manuel Baldizón, con una propuestas populista confusa y de extrema derecha, tendrán que enfrentar en los próximos cuatro años si son electos popularmente. Esas son las dos únicas alternativas de la segunda vuelta electoral, o regresar a la insurgencia de las montañas y a la violencia descontrolada, como algunos irresponsables y nostálgicos de la izquierda extrema quisieran para Guatemala y Centro América. Ese es el cuadro real.

Pienso que hay momentos, en la historia de los pueblos, en que un buen liderazgo puede hacer la gran diferencia y creo que tal vez ese sea el momento actual de Guatemala. Sea como sea, es una elección decisiva para el futuro de nuestros pueblos y de nuestra común región centroamericana.

I.- SEGURIDAD NACIONAL Y CIUDADANA.-
Para el caso de Costa Rica, la particularidad más significativa es la ausencia de Fuerzas Armadas (Ejército Nacional) y la existencia desde hace más de 60 años, de una Fuerza Pública o policial no profesional, débil y con un número insuficiente de rasos y oficiales bien capacitados, con carencias esenciales presupuestarias que inciden, fundamentalmente, en su capacidad operativa por la carencia real de movilidad (patrullas, motocicletas, helicópteros, lanchas), comunicaciones (equipos y frecuencia de alta tecnología y receptores adecuados), así como de apoyos estratégicos (por ejemplo: cámaras en las ciudades y principales rutas nacionales) e insuficiencia casi total de investigación policial, así como de una correcta institucionalidad que defina un régimen competitivo de salarios, asensos y pensiones. Ese es el mundo real en que se ha desenvuelto la seguridad en nuestro país.

En la Constitución Política de 1949 se abolieron las Fuerzas Armadas y se constituyó una Fuerza Pública, con el doble y esencial propósito de garantizar la SEGURIDAD NACIONAL y la SEGURIDAD CIUDADANA. Aunque la visión conceptual y jurídica de don Pepe y los constituyentes fue la correcta y se transformó en uno de los acontecimientos históricos del siglo XX, la verdad es que en los hechos, en la práctica, el país en las décadas siguientes nunca le asignó al Ministerio de Seguridad Pública la capacidad presupuestaria necesaria para asumir, correctamente, el mandato constitucional. Ni siquiera, se tuvo la mínima visión de articular, a nivel de legislación, un mando coordinado y unificado, con funciones correctamente definidas, para hacer efectivo el trabajo de los distintos Cuerpos Policiales que existen en Costa Rica, la mayoría de ellos fuera del control del Ministerio de Seguridad Pública, como el caso de la Policía de Tránsito (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), Policía Fiscal ( Ministerio de Hacienda), Dirección de Investigación y Seguridad (DIS, Ministerio de la Presidencia) y no sé cuántas Policías Municipales que, en los últimos años, han brotado como abejones de mayo por iniciativa de los Alcaldes y de las comunidades organizadas, en gran medida ante el fracaso de la Fuerza Pública de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Esta atomización explica en parte la ineficiencia policial y también es el espejo de una crisis nacional de liderazgo y autoridad, como cuando en el gobierno pasado la Señora Ministra de Obras Públicas y Transportes se negó a autorizar una coordinación básica y operativa de “su policía” –así en términos personales – con la Dirección General de la Fuerza Pública, aunque en el Programa de Gobierno que se le ofreció a los costarricenses en la campaña del 2006 se establecía todo lo contrario. La Casa Presidencial sucumbió ante esta tesis que le resultó más atractiva que cumplir con el Programa de Gobierno y garantizar una efectiva y necesaria coordinación.

Por décadas, los costarricenses con orgullo nacional legítimo y con fe ciega confiamos en que, con abolir las Fuerzas Armadas (el Ejército Nacional), estábamos vacunados contra todo tipo de violencia y que la fortaleza de nuestra institucionalidad democrática y nuestro sentido más profundo de la vida en democracia y en libertad, nos haría por siempre felices e incontaminados. Algo así como la Suiza de las Américas. Hicimos bien e invertimos en donde había que invertir los dineros públicos: en educación y en salud. Eso nos diferenció y singularizó del entorno regional y nos hizo alcanzar índices de desarrollo humano sostenible a nivel de los países desarrollados. Pero en seguridad solo invertimos lo mínimo posible.

Para el país, las cosas comenzaron a cambiar en los años setenta y ochenta del siglo pasado, con las guerras de Centro América. La violencia y la explosión social estaban ahí, al otro lado de nuestra frontera norte. Miles de refugiados y de desplazados sociales, comenzaron a cruzar y siguieron cruzando, por años y años, sin controles fronterizos y sin una POLITICA NACIONAL MIGRATORIA…hasta llegar a totalizar, en el presente, más del 20% de nuestra población nacional (unas 800.000 personas), una cifra que es casi tres veces la de los indicadores internacionales aceptados para países receptores (entre un 6 y un 8%). Claro, en términos numéricos no suena mucho, pero en sentido proporcional es como si en España vivieran unos 12 millones de marroquíes y saharianos y en Alemania unos 20 millones de turcos y árabes. Cifras impensables e inmanejables para dos países ricos y desarrollados. Así, proporcionalmente, es la situación de Costa Rica.

No se trata, al señalar esta verdad, de ningún sentimiento xenofóbico que no los tengo en absoluto y porque el fenómeno migratorio, además, es una de las variables del tiempo que vivimos, sino de puntualizar una realidad de Costa Rica, frente a la cual hay que definir una POLITICA DE ESTADO, como en cualquier país que se respete a sí mismo. Esa política no existe, aunque los refugiados y desplazados sociales se benefician, la mayoría de ellos sin pagar impuestos, de los servicios del Estado Social de Derecho de nuestro país: especialmente en educación (educación gratuita y obligatoria) y de la Seguridad Social (de cada 10 partos en el Hospital de la Mujer -antes Maternidad Carit- seis o siete son de madres nicaragüenses. Estoy de acuerdo con esa tesis humanitaria, por supuesto, pero no con que este sea un país de fronteras abiertas, sin Política Migratoria ni Política de Estado.

Después, más adelante, en los noventas, vino el narcotráfico. Comenzó con Pablo Escobar y Noriega en Panamá. Los americanos intervinieron y se llevaron preso a Noriega y los colombianos acabaron con Pablo Escobar, pero el problema se agravó con el involucramiento de las FARC que pasaron de ser una guerrilla ideológica a un cartel de la droga, con sus propias rutas y conexiones y con una política interna, en Colombia, de protección a los productores, industrializadores y comercializadores de la droga. En Costa Rica, en la segunda parte de los noventa y agresivamente del 2000 en adelante, los narcotraficantes se metieron hasta la cocina de nuestro país.

Pero aquí, PAZ Y GLORIA. Dicen los políticos que nadie se dio cuenta, aunque esto no sea cierto y las FARC tuvieron casas de seguridad en la zona de Coronado y hasta dejaron un menudo de $500.000 dólares en Santa Bárbara de Heredia, como reserva y efectivo para eventualidades y aunque los más altos dirigentes de las FARC, aliados con el narcotráfico y convertidos en un cartel de la droga, se pasearon por los restaurantes de San José y casi hasta establecen aquí y no en México o en Cuba, la sede de su Oficina Internacional Política con autorización del Gobierno de la República. Así, cuando Raúl Reyes le pregunta, en octubre del 2005, por correo electrónico a Rodrigo Granda, las razones por las que dejo ese dinero en nuestro país, la respuesta es lapidaria: “Por las excelentes relaciones que tenemos con el Ministro de Seguridad Pública”. Eso está documentado ampliamente y hasta publicado en el periódico La Nación.

Esos dineros fueron incautados a principios del año 2008, en el lugar exacto de referencia, a raíz de una información confidencial suministrada desde Colombia en que se puntualizaba con pelos y señales el lugar en donde se encontraban los fondos, producto de un caso de secuestro documentado.

Días después, confidencialmente, de nuevo, las autoridades colombianas, nos suministraron íntegramente el texto de las 36 citas de las computadoras de Raúl Reyes sobre Costa Rica. Cuando el Ministro de Seguridad Pública informó a sus superiores sobre esas citas y la forma en que se llegó a la incautación del dinero de las FARC, se inició una crisis de relación política que finalizó con su salida del Gabinete, el día antes de una comparecencia oficial ante la Asamblea Legislativa. El periódico La Nación, posteriormente, público íntegramente el texto de las referencias a Costa Rica, todas ellas de ese período inmediatamente anterior a mayo del 2006. Pero aquí, PAZ Y GLORIA, hasta la Fracción Parlamentaria del PLN, por órdenes de la Casa Presidencial, se prestó para silenciar todo el gravísimo asunto del narcotráfico y su penetración en Costa Rica, en las dos últimas administraciones del PUSC. La tesis oficial fue callarlo todo. Después se enojan y molestan cuando hablan del PLUSC como una realidad actuante y poderosa políticamente, al menos en los últimos 13 años pasados.

A mi juicio, como Ministro de Seguridad Pública de ese entonces, el contraste en principio radical entre lo que venía sucediendo y las enormes capturas de droga realizados en los primeros dos años de la Administración Arias Sánchez -75 toneladas- y la gravísima cita, tanto como las otras 36 citas proporcionadas por las autoridades colombianas, así como la situación real del país en materia de seguridad, tenían que investigarse a últimas consecuencias, por el bien de Costa Rica, se tratara de quienes se tratara y tuvieran o no la influencia o el poder que tuvieran y la capacidad de doblar y por las razones que fueran, conciencias y voluntades en los centros de poder político del país y hasta en la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. La verdad y el bien del país, fueron por el contrario doblegados por razones que antepusieron la política y otras razones, al interés superior de Costa Rica, un día antes de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa solicitada por la Fracción Parlamentaria del PAC y que el suscrito consideraba que debía atender como Ministro de Estado.

La publicación de los Wiki Leaks, hace apenas unas semanas, de nuevo por el periódico La Nación, puso de manifiesto el trasfondo real de esas otras razones. Pero aquí, como siempre, PAZ y GLORIA. La política del silencio y el encubrimiento se impuso sobre el interés nacional y sobre la verdad.

En aquel entonces, en los primeros meses del 2008, quienes en el oficialismo no querían que se investigara nada y algunos personajes de la oposición política, decían que todo eso era historia pasada y que las FARC se habían ido del país. La verdad es que nos habían dejado sembrado, desde el año 2004, a un alto cuadro militar de apellido Martínez Quinto, cuya misión no era otra que penetrar la flota pesquera nacional en el Océano Pacífico y en la Zona Sur, por el lado de Golfito y Puerto Jiménez. Este señor lo logró y con gran eficiencia, pero también decían, en nuestro país, los mismos señores, que nadie se había dada cuenta de lo que sucedía y que lo correspondiente… era PAZ Y GLORIA en Costa Rica. No importa que el gobierno colombiano, desde principios del año 2004, según se nos informó oficialmente tanto al suscrito como al Fiscal General, le había informado al propio Ministerio de Seguridad Pública de la presencia y de la misión de este líder de las FARC en el territorio nacional. Nosotros lo apresamos en 24 horas y lo enviamos esposado a la isla de San Andrés.

La verdad, incontrastable y cierta, es que los narcotraficantes lograron más cosas y nos transformaron, durante esos fatídicos 6 años, del 2000 al 2006, en una bodega de drogas y en un CENTRO INTERNACIONAL DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION hacia Centro América, México, los Estados Unidos y Europa. Claro, la versión oficial y la de los políticos, es que aquí no compraron a nadie, que nadie colaboró y que en el Ministerio de Seguridad Pública nada pasó en las dos Administraciones del PUSC y, sobre todo, QUE NADIE ES RESPONSABLE ante la historia, ni ante el país, ni ante la ciudadanía, ni ante las leyes. Las FARC no lograron constituir aquí, en el territorio nacional, la oficina política que planeaban, pero sí establecieron el centro de negocios y operación del más fuerte cartel de la droga y sus aliados de las mafias colombianas y mexicanas. Esa es la verdad. Se nos metieron por las fronteras, por las costas y llegaron hasta el Valle Central.

Pero aquí, hasta mayo del 2006, en que entramos al gobierno con la firme confianza, el compromiso total y hasta el sentimiento personal, de que se iba a cumplir con el Programa de Gobierno y que ese gobierno del Partido Liberación Nacional cambiaría para bien muchas cosas en Costa Rica, según todos estos señores del PLUSC, en materia de narcotráfico no sucedía nada y sobre las FARC tampoco, ni crimen organizado, ni inseguridad…tanto que hasta habían eliminado la Policía de Fronteras y nos habían transformado en un Casablanca, abierta a los narcotraficantes colombianos y mexicanos.

No voy a profundizar en lo que sucedió en los últimos dos años del pasado gobierno en materia de seguridad y peor aún en este primer año del gobierno de doña Laura Chinchilla. Eso es historia conocida. Sólo quiero afirmar que, en materia de SEGURIDAD NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA, en el presente, llevamos tres años y dos Ministros de retraso, desde abril del 2008 hasta el nombramiento del Lic. Mario Zamora como Ministro de Seguridad Públic, en cuya gestión confío, si lo dejan trabajar y no sucumbe ante la burocracia y la cultura del no se puede y a un entorno viciado en el Ministerio de Seguridad Pública, desde que, oficialmente y por una decisión de la Casa Presidencial que por más que lo intento no logro entender, que decidió y ordenó regresar al pasado de los gobiernos del PUSC y entregar el mando superior de la Fuerza Pública, el Vice Ministerio Operativo y la Escuela Nacional de Policía, a oficiales superiores no liberacionistas. Esos oficiales de origen de los gobiernos del PUSC, son los mismos que estaban al mando de la Fuerza Pública cuando entramos al gobierno en mayo del 2006. Esa sigue siendo la situación actual.

Con eso dejo sentada, con toda franqueza, mi opinión.

Tres años perdidos es mucho tiempo y como consecuencia, el país vive en la actualidad una profunda crisis de INSEGURIDAD NACIONAL E INSEGURIDAD CIUDADANA que, los costarricenses, por una inmensa mayoría, señalan como el principal problema nacional. Tienen toda la razón. Violencia, drogas, ruta del narcotráfico, falta de empleo y de vivienda propia, marginalidad y alto costo de la vida, para más de un 20% de personas en el nivel de pobreza, son las causas que disparan la inseguridad en Costa Rica.

A eso hay que agregar que, aunque está escrito y ofrecido en la última campaña electoral, el Gobierno de la República todavía no ha logrado implementar un ENFOQUE INTEGRAL y ARTICULADO AL MAS ALTO NIVEL POLITICO, para enfrentar la violencia y la criminalidad no solo desde la perspectiva de las responsabilidades que corresponden a la Fuerza Pública, sino también en el ámbito de la prevención y de la salud pública. Se nos dijo que esa era la misión del ALTO COMISIONADO PARA LAS DROGAS, pero en la práctica y en la realidad gubernamental, el responsable de esa importante función que es una excelente persona y muy bueno en su campo como Fiscal Anti Drogas, no pasa de ser un Vice Ministro de la Presidencia y Asesor de la Señora Presidenta de la República, sin capacidad ni poder real para articular ese gran esfuerzo nacional que debe involucrar al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Salud, a la CCCSS y al IAFA, al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, tanto como a los sectores privados y a las comunidades organizadas y hasta a la prensa nacional, para enfrentar con SENTIDO DE UNIDAD y CONVERGENCIA NACIONAL al principal enemigo de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana que es el narcotráfico internacional, sus causas y consecuencias.

He dicho y repito que el narcotráfico es como echar gasolina en lugar de agua en un incendio. Al rato el incendio se desplaza a todo el barrio y se convierte en una tragedia social y humana. Eso fue lo que sucedió en Costa Rica. La verdad sea dicha: el narcotráfico internacional se nos metió a fondo a partir del año 2000. La pasada Administración, en conocimiento de la verdad y de los hechos reales, tiene una gran responsabilidad en lo que ha sucedido y la actual Administración, está en deuda casi total con el país.

Eso es lo que explica, por acumulación y por responsabilidad propia, el deterioro de la imagen de la Señora Presidenta de la República, en todas las encuestas. Algo más: seguirá bajando puntos en credibilidad hasta que no asuma el grave problema nacional de la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, las drogas y el crimen organizado, la marginalidad y la pobreza, con la “determinación y firmeza” que se le ofreció a los costarricenses. La enorme paradoja, es que el camino a seguir no es otro que cumplir con lo dicho en su Programa de Gobierno y lo que doña Laura le ofreció a los costarricenses en la campaña electoral del año 2010.

La verdad en política es muy simple: o la letra y las promesas de las campañas electorales, se hacen coincidir con la realidad de los hechos ciertos cuando se llega al gobierno o el pueblo cobra caro, muy caro, esa enorme falta y pecado de los políticos y de los partidos políticos. Eso es lo que explica la última encuesta de UNIMER y la pésima calificación del gobierno y de los políticos del PLN y de la oposición. Nadie se salva.

II.- EVITAR EL TRIUNFO DE LA ANTIPOLITICA.-
Lo que esa encuesta está diciendo en el fondo, más allá de las verdades que señala en materia de SEGURIDAD y temas conexos –como drogas, desempleo y costo de la vida- que son igualmente causas de la inseguridad y de la violencia en Costa Rica, es que el principal problema nacional, sin lugar a dudas, en el presente, ES LA DESCONFIANZA GENERALIZADA DE LOS COSTARRICENSES EN LOS POLITICOS Y EN LOS PARTIDOS POLITICOS.

UNA DESCONFIANZA QUE, CADA DIA MAS, ESTÁ COMENZANDO A MINAR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA DE NUESTRO PAÍS, PORQUE LA GENTE, LA CIUDADANIA, LOS COSTARRICENSES, ESTAN COMENZANDO A DESCONFIAR IGUALMENTE DE LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COSTARRICENSE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS NACIONALES.

Esto es muy grave. Si triunfa la ANTIPOLITICA SOBRE LA POLITICA en Costa Rica, ese es el comienzo del fin de cualquier sistema democrático y nuestro país no tiene por qué ser una excepción a lo que ha sucedido en otros países de América Latina. Por eso, el único dato que me satisfizo de la última encuesta de UNIMER es que, a pesar de todo y de lo grave de esa encuesta para el gobierno de doña Laura Chinchilla, un 30% de los costarricenses se sigue declarando liberacionista, frente a los otros partidos políticos de oposición que apenas llegan juntos a un poco más del 10%.

Eso, entre otras muchas cosas, quiere decir que todos los que estamos en esta reunión de hoy de LINEA VERDE, no nos hemos equivocado y que Liberación Nacional y la social democracia, a pesar de todo, siguen calando en el corazón de nuestro pueblo, por su obra y porque los Padres Fundadores de nuestro movimiento político –don Pepe, don Chico, Daniel y Luis Alberto Monge- lograron sembrar hondo una idea fundamental: que en democracia y en libertad es posible resolver los problemas del desarrollo económico y la justicia social y que, es posible resolver esos problemas fundamentales para el pueblo, en armonía y sin violentar la naturaleza y el medio ambiente. Esa emoción sigue vive en el corazón de nuestro pueblo.

Hay una vía costarricense al desarrollo, en su inmensa mayoría conceptual influida por las ideas liberacionistas, en la que los costarricenses siguen confiando, frente a los cantos de sirena de los populismos chavistas, los autoritarismos castristas o las prédicas, en el otro extremo ideológico, de los Consensos de Washington y las teorías de la Escuela de Chicago sobre el libre mercado y la no intervención del Estado. La visión liberacionista del país que queremos sigue siendo la mayoritaria en Costa Rica y eso sigue manteniendo las esperanzas del pueblo costarricense.

Pero no nos confundamos, un amigo inteligente y buen analista, me hizo ver y me convenció de que, en Costa Rica, lo que hay es liberacionismo como idea y sentimiento, como afecto y emoción traspasado de generación en generación, como algo propio de las familias de origen liberacionista, pero no como algo que se parezca a la militancia formal en un partido político o en una estructura partidaria que se denomina el Partido Liberación Nacional. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Una cosa es el aparato partidario formal y otra el pueblo liberacionista. Lo que existe en Costa Rica es pueblo liberacionista y un sentimiento generalizado de que los otros partidos políticos, son peores que el PLN.

Por eso, a mi juicio, muy al contrario de los que piensan equivocadamente que toda la solución de la crisis interna actual del liberacionismo y sus relaciones con el país y la ciudadanía, pasan por un trabajo dentro del aparato partidario, estoy convencido de que lo que se debe hacer es brincarse ese aparato partidario y si es necesario negarlo y confrontarlo, e ir a buscar al auténtico pueblo liberacionista, generando ahí, en las bases ciertas y en las entrañas mismas del liberacionismo, los sentimientos de recuperación y de confianza que se han perdido en nuestra causa política.

Unos, los del actual aparato partidario y los actuales dueños del Directorio Político y de la Fracción Parlamentaria, abogan por la VIEJA POLITICA y por el amarre directo, en las personas y sus intereses personales o empresariales, generando más clientelismo político y lo mismo de los últimos años. Una águila dos cabezas que es la que piensa y dirige y un montón de caracoles –según su propio decir- que en la tierra y en el barro deben obedecer, sin pensamiento ni liderazgo propio alguno. Una especie de cesarismo disfrazado de democrático, que nada tiene que ver con el partido político esencialmente democrático, dialogante, crítico por definición y esencia democrática, siempre con liderazgos nuevos y emergentes, respetuoso de las ideas de todos y comprometido con los supremos intereses de Costa Rica, antes que con los intereses subalternos del partido político y sus alianzas políticas, empresariales y de negocios.

Nosotros, por ello, en abierta rebeldía, estamos por una NUEVA POLITICA que sea capaz de devolverle al pueblo liberacionista y a los mejores hombres y mujeres de este país, las estructuras partidarias y el poder real dentro del PLN, por la vía de una total y genuina democracia interna que sea transparente y en donde el diálogo interno no sea acallado por las directrices de los gamonales que se alzaron con el partido. Pero sobre todo, estamos por un PLN en que las estructuras reflejen los ideales y las ideas del liberacionismo y que no esté al servicio de otros intereses que no sea el bien de Costa Rica y el beneficio de la mayoría nacional.

Si el Partido Liberación Nacional tiene la capacidad de regresar a ese espíritu originario y, a la vez, es capaz de construir una plataforma programática para ser cumplida, en donde se concilien los principios e ideales social democráticos de lucha sin fin contra la pobreza y fortalecimiento de las clases medias, con las exigencias de los nuevos tiempos que son, principalmente, la apertura y la inserción inteligente en la economía internacional y el máximo de libertad individual como expresión del más absoluto respeto a los derechos humanos fundamentales, entonces Liberación Nacional tendrá futuro a través de las nuevas generaciones y de todos nosotros. De otra forma, el próximo 12 de octubre, al celebrar el 60 Aniversario de la fundación e nuestro movimiento políticos, en medio de una profunda crisis de identidad y de relaciones políticas y afectivas con el pueblo, pudiera ser que tengamos que celebrar el inicio de una etapa final de desintegración del PLN. En este punto de la historia, a mi juicio, nos encontramos, a punto de ser arrollado por la desilusión, la desconfianza del pueblo y por la ANTIPOLITICA que campea por el país.

Estoy convencido de que si no se asume como objetivo principal de la política partidaria liberacionista, de todos nosotros y del Gobierno de la República, en el presente, recuperar la confianza de los costarricenses, el país avanzará hacia confrontaciones y crisis mayores en el futuro, ante un escenario de una previsible y gran derrota en las elecciones del 2014. Es que en un escenario de total desconfianza y pérdida de credibilidad en los políticos y los partidos políticos, cualquier cosa puede suceder. Los ejemplos en América Latina sobran. Pero no quiero que se me malentienda. La recuperación del PLN como instrumento al servicio del pueblo costarricense, no es solo un problema de naturaleza ideológica y programática que lo es, o de superación de prácticas internas viciadas -tanto partidarias como gubernamentales- que también lo es, o de superación de egocentrismos y narcisismos exacerbados por el ejercicio del poder que igualmente lo es, o de cumplir con los Programas de Gobierno que es una causa principalísima del malestar generalizado que existe en el país, como también lo es de casos de corrupción, de dudas y de graves errores de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo. Todo eso es cierto, pero en el presente, en el hoy, en el mes de julio del 2011, esa recuperación es, fundamentalmente, un tema de liderazgo y de autoridad. Sin liderazgo, sin autoridad y sin una dirigencia nacional partidaria de primer nivel, no existe futuro para el PLN.

Si lo que estamos viviendo no es una crisis de identidad y de liderazgo, qué alguien me diga qué es una crisis de identidad y liderazgo en el PLN. Jamás, ni en las broncas de don Pepe con don Chico o con Daniel Oduber que fueron históricas, o en las de Oduber con Luis Alberto Monge y de éste con Carlos Manuel Castillo, o en las mismas de Oscar Arias con los que él llamó los Ayatolas -refiriéndose a don Pepe, Daniel y Luis Alberto- que igualmente fueron históricas, el partido Liberación Nacional atravesó por una crisis de identidad y de liderazgo tan fuerte como la del presente. En el pasado nunca se perdió de vista la visión del país que queríamos los liberacionistas, ni dejo de funcionar el partido como tal. Ahora las dos cosas están presentes. Hay diferencias entre nosotros mismos sobre el país que queremos y el partido, secuestrado por una de las tendencias, reposa en silencio, al margen de todo lo que está sucediendo en el entorno nacional.

Para peor de males, por lo que se puede interpretar de sus declaraciones recientes en la prensa sobre la falta de ideas y de liderazgo en el gobierno de doña Laura, pareciera que el Ex Presidente Arias se ha autoproclamado como el único y gran Ayatola, con prescindencia total de la Señora Presidenta de la República y de la historia misma del partido Liberación Nacional, como si esta historia partidaria se hubiera iniciada en el año 2006 y no en el año revolucionario de 1948 y aún antes, en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales.

La gran diferencia es que antes, entre don Pepe, don Chico, Daniel y Luis Alberto, la verdad es que había huecos y espacios de maniobra y había, sobre todo, otros liderazgos que no se sometían a nada ni a nadie. ¡Qué falta le hacen la partido Liberación Nacional de hoy, esos otros liderazgos partidarios y esos Diputados y dirigentes nacionales independientes, valientes y retadores !. Hombres y mujeres que solo se sometían al interés nacional y al bienestar de Costa Rica y su pueblo.

Podría citar tantos nombres de hombres y mujeres, sin cuyo liderazgo y esfuerzo la obra de los gobiernos del partido Liberación Nacional no se hubiera podido realizar, en estos 60 años de historia partidaria. Ministros, Diputados y líderes partidarios o de la sociedad civil que le hablaban duro a los Ayatolas y que confrontaban sus iniciativas y errores, si esas no se ajustaban al mejor interés nacional. Baste recordar, entre los que ya nos están con nosotros, a Carlos Manuel Castillo, Hernán Garrón, Rodolfo Solano Orfila, Matilde Marin, Alberto Fait, Fernando Volio Jiménez, Genaro Valverde, Carlos José Gutiérrez y tantos otros. El liberacionismo de antes se expresaba por esos importantes resquicios del poder y no solo por la voz de los grandes liderazgos y los Presidentes de la República. Había diálogo y debate interno, en un partido vivo y actuante. Ahora, el gran Ayatola lo quiere controlar todo y a todos: al gobierno y al partido. La consigna política del presente es el silencio y el sometimiento a la voluntad y los designios políticos de su voluntad. A eso le llaman, aunque después lo negaron, la “dictadura en democracia”. Un tremendo error histórico de don Oscar Arias Sánchez que, en su momento y en su lucha, enfrento esos poderes fundamentales y se abrió camino en el partido Liberación Nacional.

El de hoy, el partido callado y sometido, el PLN secuestrado del presente, no es el partido político en el que me formé y en el que desarrollé una militancia leal de más de 40 años. Por ello y porque este estado de cosas no va con mis ser más profundo, renuevo lo que dije hace tres años y una vez más me declaro en abierta, frontal y total rebeldía contra ese estado de cosas en el partido Liberación Nacional. Así se le comunique en un almuerzo al Señor presidente don Bernal Jiménez hace unas semanas, en el que además le expresé que no me iba a ir del partido, como si lo han hecho otros compañeros de ideales a los que estimo y aprecio, porque sigo creyendo como ese 31 % de costarricenses que Liberación Nacional, a pesar de todo, sique siendo todavía la mejor alternativa del pueblo para luchar por una Costa Rica democrática, justa, solidaria y desarrollada.

III.- UNA SOCIAL DEMOCRACIA MODERNA.-
Nosotros estamos por una social democracia moderna. Por más apasionada que sea nuestra defensa del legado histórico de los Padres Fundadores, no podemos desconocer el cambio de los tiempos y la realidad de los nuevos paradigmas internacionales, así como de su influencia determinante sobre nuestro país. Para mí y esa es otra cosa que afirmo con plena conciencia de lo que digo, el Programa de Gobierno que el Ex Presidente Oscar Arias y el partido Liberación Nacional, ofrecieron a los costarricenses en la campaña del año 2006, es un buen punto de referencia ideológica y programática sobre esa síntesis necesaria entre los compromisos históricos de la social democracia y las urgencias y nuevas acciones necesarias para enfrentar el tiempo que vivimos, en estos primeros años del siglo XXI y hasta las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional, en el 2021.

Tal vez no fueron 1000 liberacionistas los que participaron en el proceso de conceptualización y redacción de esa propuesta, como se dijo en la propaganda, pero sí fueron muchos y muy buenos liberacionistas, académicos, profesionales, empresarios, sindicalistas, cooperativistas, solidaristas, líderes partidarios y representantes de las organizaciones civiles organizadas, a quienes se consultó y cuyos aportes se tomaron en cuenta. Debo reconocer además, en lo personal, que guardo como una de mis grandes experiencias políticas, las tardes que junto al Dr. Kevin Casas dedicamos en la casa de habitación del Ex Presidente Arias Sánchez, con él, en su biblioteca, a analizar conceptos e ideas, discutir a fondo y llegar a una redacción que pudiera satisfacer y hacer congruentes la urgente necesidad de la apertura del Estado Costarricense y la inserción inteligente de Costa Rica en la economía internacional, con una plataforma de acción viable en lo social, en la lucha contra la pobreza, en el fortalecimiento de los sectores de clase media, en la atracción de inversión extranjera y transferencia directa de nuevas tecnologías y en la atención, a la vez, de los intereses legítimos de los productores nacionales, especialmente en el sector agrícola e industrial. La enorme y profunda dimensión intelectual de Oscar Arias y su actualización con el mundo de hoy, es su mejor patrimonio personal.

Admiro y reconozco su capacidad intelectual y su firme convicción del valor de la educación como valor democrático supremo y factor diferenciador, en lo personal y en lo social, de un país en el contexto internacional. Esa idea, desde siempre, es esencial a la historia de Costa Rica, pero en él es una formidable obsesión de gobernante. Así como lo critico en otras facetas de su personalidad, creo que sus aportes teóricos a la definición de una social democracia moderna y a la altura de los tiempos, son de la mayor importancia y constituyen un punto de referencia fundamental para el partido Liberación Nacional. Mis profundas diferencias con él y con su entorno, se refieren y tiene que ver con su praxis política, con el secretismo y la falta de transparencia de su gestión, con la confusión de los intereses públicos con los privados, con su debilidad personal por los “quema chiracas” que abundan y sobran en este país y en el partido, con el verticalismo, la incondicionalidad y el pensamiento único e incuestionable que introdujo la Casa Presidencial, como método de trabajo del Poder Ejecutivo y en las relaciones con la Fracción Parlamentaria y el partido Liberación Nacional que lo llevaron, en un arrebato de errores políticos, a decir o no decir pero sí defender la tesis de que Costa Rica necesitaba una “dictadura en democracia”, lo que es totalmente contrario al espíritu de las mejores tradiciones de Liberación Nacional y de Costa Rica.

Soy, por contrario, de los que creo junto al Ex Presidente Luis Alberto Monge que los males de la democracia se resuelven con más democracia y libertad y como resultado del esfuerzo honesto y firme de un equipo de trabajo, inspirado en los mejores ideales del liberacionismo. En eso estriba lo esencial de mis diferencias con don Oscar y con la tendencia arista dentro del partido Liberación Nacional.

Pero que nadie se equivoque: tengo el mayor de los respetos por el intelectual y el hombre de ideas, siempre actualizado con lo que sucede en el mundo y lector infatigable y profundo, que es Oscar Arias. Sí me parece que el Ex Presidente Arias debería superar la etapa de su activismo político directo dentro del PLN y en el país, para asumir un papel más constructivo, menos polémico y más trascendental, a nivel nacional, en un ámbito mucho más simbólico pero mucho más efectivo e importante, como referente por encima de los partidos políticos y en el que su influencia personal y la de sus ideas, pudieran aquilatarse de una mejor forma. Ese es el papel que ahora le corresponde y no el de factor de poder dentro del PLN.

No me cabe la menor duda de que su Programa de Gobierno del 2006 y, en mucho, también las conclusiones del Congreso Nacional Daniel Oduber del 2005, constituyen el punto de partida para definir, con base en la experiencia real y en los aciertos y errores de los últimos años, lo que debería ser una Plataforma Programática Social Demócrata y Liberacionista para ofrecer a la costarricenses, como base de acción y convergencia nacional, en la perspectiva del año bicentenario del 2021. A pesar de los oscuro del panorama nacional presente, soy de los que creo que Costa Rica tiene las condiciones para llegar a ser uno de los primeros países desarrollados de América Latina. En eso también coincido con don Oscar.

IV.- NECESIDAD DE ACUERDOS NACIONALES.-
Convencido como estoy de que es necesario escribir, negociar e impulsar varios Acuerdos Nacionales con los partidos políticos de la oposición o sea con la Alianza por Costa Rica y con los sectores organizados de la sociedad civil y que esta gestión debe comenzar desde ya, en este gobierno de doña Laura Chinchilla y del partido Liberación Nacional, mi propuesta de prioridades nacionales de trabajo y acción pública, es entrarle de lleno a una política pública de ACUERDOS NACIONALES, al menos en las siguientes seis áreas esenciales:

1.- Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana.
2.- Infraestructura nacional de carreteras y puentes, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
3.- Educación Pública de Calidad
4.- Crisis de la Seguridad Social.
5.- Política y Reforma Fiscal
6.- Reforma del Estado y participación ciudadana.

A mi juicio, en estas seis áreas hay que trabajar duro y ser capaces de presentarle una propuesta imaginativa, razonable y viable al país.

No me siento competente en todos los temas. A tres de ellos sí he dedicado muchas horas de reflexión. Me refiero a Seguridad Nacional y Seguridad Ciudadana, sobre lo cual he escrito y publicado mucho y en extenso, por lo que por razones de tiempo no voy a profundizar en este tema, en el día de hoy. Me voy a concentrar, en el tiempo que me queda disponible, en el tema de la Infraestructura Nacional y en el de la Reforma del Estado y la participación ciudadana.

En materia de Educación Pública de Calidad, en la crisis de la Seguridad Social y en el de la Reforma Fiscal, diría que doña Laura Chinchilla debería convocar y prestarle atención, ella misma, en la Casa Presidencial a Comisiones de Expertos que le señalen el camino a Costa Rica y a su Gobierno. Doña Laura, a estas alturas de su tiempo de gobierno, no puede delegar esas funciones en otras personas de su entorno. Ella tiene que coger el sartén por el mango. Por ejemplo, en el almuerzo que comenté sostuve con don Bernal Jiménez Monge, en su condición de Presidente del partido Liberación Nacional, me comentó que él le había sugerido a la Señora Presidenta de la República que escuchara, además de las posiciones de su Ministro de Hacienda don Fernando Herrero, las opiniones de algunos economistas con mucha experiencia como Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Francisco de Paula Gutiérrez y Alberto Dent. Yo agregaría que la Casa Presidencial, también, debería llamar a don Otón Solís y a don Otto Guevara, por su peso político con las fracciones legislativas del PAC y el ML, así como a los Jefes de Fracción y al Presidente de la Asamblea Legislati8va, el Diputado Juan Carlos Mendoza.

En materia de la crisis de la Seguridad Social, en lo personal me genera una gran confianza que un liberacionista de la capacidad, técnica y política probada, de Fernando Naranjo forme parte de la Comisión de Expertos que ha sido integrada con tal fin. Ese es otro buen ejemplo.

El Gobierno de la República debe abrirse a este tipo de iniciativas, pero no como consecuencia de una huelga y una crisis, con el agua en el cuello y a punto de perder su capacidad de gestión pública, como sucedió con la Seguridad Social. Haber llegado, la semana pasada, a estos extremos es un gravísimo error de la Casa Presidencial y de los asesores de la Señora Presidenta de la República, quien quiera que estos sean. El Gobierno de la República debe abrirse como resultado de una política de Estado, en procura de Acuerdos Nacionales y de consensos en la Asamblea Legislativa y con las fuerzas sociales del país, incluyendo a los sindicatos y no solo a las Cámaras Empresariales. El país no está para “enconchamientos” y resentimientos presidenciales y mucho menos para Ayatolas. El país está para que doña Laura Chinchilla ejerza el liderazgo que le dimos, en las urnas electorales, el 47% de los costarricenses y para que, con dulzura, energía y firmeza de mujer, ejerza autoridad y se siente en la cabecera de una mesa de diálogo y negociación. Tampoco tiene en su entorno de la Casa Presidencial, lamentablemente, figuras con credibilidad nacional, de peso propio y liderazgo probado que puedan remplazarla en ese papel. El desgaste político del gobierno es muy grande. A mi juicio, llegó la hora de que la Señora Presidenta de la República se la juegue a fondo, ella misma, por su gobierno y por su lugar en la historia. No le queda otro camino a doña Laura.

V.- PONER A CAMINAR A COSTA RICA.-
Siempre me han intrigado las razones por las qué Panamá, nuestro vecino del sur, con menos institucionalidad democrática y Estado de Derecho que Costa Rica, con un clima caluroso, tremendamente húmedo y lluvioso, bastante más caribeños -con todo lo que eso significa- que los costarricenses que en su mayoría somos austeros montañeses en el Valle Central, tiene ideas más claras que nosotros sobre el desarrollo. En los últimos años, además, por razones profesionales he tenido que viajar bastantes veces a ciudad de Panamá y de verdad que los panameños han transformado su ciudad capital en un gran centro bancario y de negocios internacionales, han desarrollado a grandes niveles el turismo y, lo más importante, han hecho un excelente trabajo -propio del primer mundo- en la administración y ahora en la enorme ampliación del Canal Interoceánico.

Los panameños tienen una idea muy clara y pragmática del papel esencial de la INVERSION PUBLICA Y PRIVADA como motor del desarrollo. Tanto el Estado Panameño como los empresarios privados de ese país, arriesgan e invierten y entienden que si no hay inversión no hay desarrollo. Asimismo piensan los chilenos. Quien haya visitado la sede de CEPAL y el Santiago de unas décadas atrás y haya tenido la suerte de visitar de nuevo la capital de Chile, se asombrará de que Santiago es una ciudad impresionante y de una infraestructura del primer mundo. Un país, para decirlo en dos palabras, digno de tomar en cuenta como modelo de desarrollo en América Latina, por su seriedad, por lo que han alcanzado y por el valor de generar políticas públicas de consenso entre todos los factores políticos y los sectores.

Esa visión del papel de la INVERSION PUBLICA Y PRIVADA COMO FACTOR ESENCIAL DEL DESARROLLO es puro keynesianismo. De esa forma, el presidente Roosevelt sacó a los Estados Unidos de la gran depresión de los años 30 y con ese mismo espíritu, don Jorge Manuel Dengo, cuando don Pepe Figueres le encargó desarrollar el ICE, se dedicó a construir con ingenieros, técnicos y trabajadores costarricenses, las importantes represas hidroeléctricas de nuestro país. Con ese mismo espíritu, el Banco Nacional desarrollo en los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, el Valle Central hasta Turrialba, la Zona Norte y el lejano Guanacaste de entonces. Ese espíritu emprendedor y empresarial, permitió el desarrollo de una gran clase media rural y urbana en nuestro país y fortaleció nuestra democracia. El Estado Costarricense fue visto siempre por los liberacionistas como un factor de gestión y un articulador del desarrollo nacional y así tenemos que seguir viéndolo, frente a una esa gran responsabilidad que es construir una adecuada infraestructura nacional, sobre las ruinas de la existente.

Fue ese mismo espíritu emprendedor y libersionista, el que llevo al Ex Presidente José María Figueres a viajar muchas veces a California y a pelear duro para que INTEL se fijara en nuestro país y decidiera construir en nuestro país una sofisticada planta industrial que produce el 30% de los chips y otras partes electrónicas de las computadoras que se venden en el mundo. De esa visión y ese empeño de José María, surgió la Costa Rica que le abrió las puertas al siglo XXI. Así es como se construye la Patria, con hechos y con realizaciones de gran impacto nacional.

Mi propuesta es constituir un FIDEICOMISO NACIONAL con las ganancias acumuladas de los bancos del Estado (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BANCREDITO y también el Banco Popular) que se encuentran depositadas en bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos y otros títulos europeos y, si es necesario, con los Fondos de Pensiones, para que esos recursos sirvan de palanca internacional para dar contenido a una negociación con el Banco Mundial, el BID y el BCIE, de modo que con unos US$3.000 millones de ese ahorro nacional se constituya un fondo de unos US$9.000 o US$10.000 millones, destinados exclusivamente a la construcción y ampliación de la red nacional de carreteras y sus puentes, así como a la construcción y ampliación de nuestros puertos y aeropuertos (incluyendo el de la Zona Sur y el de Limón). En ese contexto y muy especialmente, el país debería igualmente tener la capacidad de habilitar sus ferrocarriles (carga y pasajeros) hacia Caldera, Puntarenas e incluso Guanacaste y hacia Limón, tanto como resolver de una manera eficiente la interconexión con trenes rápidos del circuito entre San José, Alajuela, Heredia y Cartago y pueblos y cantones en la ruta, a la vez que construir un sistema de interconexión en el Gran Área Metropolitana que facilite el flujo de personas de los cantones circunvecinos y grandes centros habitacionales (Desamparados, La Unión, Montes de Oca, Goicoechea, Moravia, Coronado, Pavas, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Los Hatillos) con el centro de San José y entre ellos mismos. Un gran proyecto para ser desarrollado en 10 años y transformar a nuestra ciudad capital en una ciudad habitable.

Un plan de esta envergadura e importancia, solo se podría realizar dentro de un Acuerdo Nacional y al menos dos o tres Administraciones y mediante un sistema que despolitice toda la toma de decisiones y la administración del FIDEIDOMISO NACIONAL. Los fondos de los bancos del Estado y parte de los Fondos de Pensiones, por su parte, servirían para apalancar y garantizar la deuda que se asumiría con los bancos internacionales, asumiendo que además el proyecto debería ser auto financiable por medio de las tarifas y peajes que se cobrarían a los usuarios y beneficiarios de los proyectos. Para los bancos del Estado, estamos hablando de un negocio de gran envergadura y estabilidad. Sobra señalar que la dinámica de desarrollo y empleo que generaría un proyecto integral de esa naturaleza, le daría a Costa Rica el impulso perdido por la falta de grandes iniciativas y proyectos de los últimos años. Panamá y Chile lo están haciendo. ¿Por qué no lo puede hacer Costa Rica?.

El hecho cierto es que sin una infraestructura vial de calidad, sin puertos de primer orden y sin buenos aeropuertos, el país nunca podrá desarrollarse, a la vez que una de las soluciones evidentes al caos y a la saturación vial del Gran San José, es la ausencia de un sistema público de transporte eficiente ente el Pacifico y el Atlántico y hacer la interconexión ferroviaria entre San José y ciudades como Alajuela, Heredia, Cartago y otros pueblos en la ruta hacia las capitales provinciales y la interconexión factible del Gran San José. A fines del siglo XIX, se construyó el ferrocarril al Atlántico y al Pacífico, con miles de problemas técnicos y de insalubridad. ¿No podemos los costarricenses de principios del siglo XXI, resolver este gran problema de transporte nacional de carga y de solución vial y de movilización de nuestra gente hacia sus centros de trabajo o esparcimiento, mediante una idea fuerza que convoque la voluntad de gobernantes y gobernados, de unos y otros partidos políticos?. ¿Qué tenían aquellos gobernantes como Tomás Guardia, Prospero Fernández y Rafael Iglesias, que no tengan los líderes políticos de la Costa Rica del presente?. Por supuesto que sí lo podemos hacer y que el Liberacionismo, como muchas otras veces en su historia pasada, debe gritar que ¡Sí se puede!.

VI.- LA REFORMA POLITICA INDISPENSABLE.-
El otro hecho cierto es que el sistema político actual no da para más. El país no está para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero sí para discutir a fondo un conjunto de reformas parciales concretas, tendientes a oxigenar la vida política nacional y a modificar la forma de elección de nuestros Diputados a la Asamblea Legislativa y el plazo del período presidencial. Esa es otra forma de poner a caminar a Costa Rica.

La verdad sea dicha: los costarricenses queremos elegir directamente a nuestros representantes populares y no por medio de planchas provinciales de los partidos políticos, manipuladas por los aparatos partidarios y las cúpulas políticas. Ese es el hecho político más sobresaliente del presente.

Lo que se ha planteado y sobre ello existe un amplio consenso nacional, es que se establezca un sistema de listas personalizadas, en cada una de las siete Provincias, de modo que el ciudadano vote en un marco general por el partido político de su preferencia, pero a la vez por los ciudadanos que desea representen a su provincia o a su cantón en la Asamblea Legislativa. Los que obtengan más votos, esos serán los que irán a la representación popular y si el sistema de votación se reforma y, a la vez, se establece un sistema de Distritos Electorales, en lugar de las listas provinciales que existen en el presente, con ello el control y la relación de la ciudadanía sobre sus Diputados será mucho más directo y eficiente. Si esta nueva distribución territorial obliga a aumentar en unos cuantos el número de Diputados actuales, no importa a mi juicio, porque es mucho más lo que la Asamblea Legislativa y el país ganarían con el nivel de representatividad y la profundización de la vida en democracia en Costa Rica. Lo que está completamente agotado es el sistema actual de listas cerradas. El nuevo sistema, generaría un renacer de la vida política nacional en todo el territorio nacional y un gran proceso de activa participación ciudadana.

Paralelamente, al igual que muchos otros costarricenses, estoy convencido de que cuatro años de gobierno son insuficientes en el mundo actual. Como creo que la reelección presidencial no dio sus mejores resultados para Costa Rica, pienso que el sistema mexicano de seis años y no reelección, es una buena alternativa para nuestro país, con elecciones de medio período para los Diputados que durarían en sus cargos tres años, pero que sí podrían hacer carrera parlamentaria y ser reelegidos por dos períodos, o sea hasta desempeñarse por nueve años consecutivos si los ciudadanos así lo deciden. Seis años der gestión es un tiempo prudencial para desarrollar obra en el país y aplicar una línea programática de gobierno en forma coherente y sostenida. Las elecciones de medio período para renovar la Asamblea legislativa, le ofrecería al pueblo la posibilidad de respaldar o censurar a una determinada Administración que, en todo caso, siempre tendría un tiempo suficiente para rectificar y ajustar su equipo de gobierno.

En un nuevo contexto político como el planteado, el pago adelantado de la deuda política debería ajustarse al proceso, de modo que los partidos políticos tuvieran recursos no solo para los períodos electorales, sino para los períodos intermedios y así disponer de capacidad financiera para labores de capacitación y educación política. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene toda la confianza de los costarricenses para fiscalizar esa distribución de recursos y su adecuada utilización, de la misma forma que se ha transformado –con su eficiente acción y desempeño- en una de las instituciones fundamentales de la democracia costarricense.
Pienso que un plebiscito nacional, a realizarse a la par delas próximas elecciones de febrero del 2014, sería el escenario ideal para que el pueblo se pronuncie sobre esta iniciativa de reforma política integral.

VII.- SOÑAR DE NUEVO.-
Enfrentar correctamente el grave problema de la inseguridad nacional, impulsar un gran proyecto nacional de construcción de infraestructura que generará empleo y desarrollo económico, proponer y sacar adelante una reforma política que le dé nueva vida a nuestro sistema democrático y reasumir, con una perspectiva del siglo XXI, los grandes pilares de nuestra vida en libertad y democracia, que son la educación y la salud pública, a la vez que dejar establecido un sistema tributario justo que funcione por varias décadas hacia adelante, son a mi juicio las grandes tareas prioritarias que tiene por delante Costa Rica, en el presente y en los próximos años.

A la par, claro está, como buenos liberacionistas, del impulso sostenido a políticas públicas y alianzas con los sectores privados para profundizar en la atracción de inversiones extranjeras y transferencia de tecnología, como parte vital de la inserción en la economía internacional, así como profundizar en la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de los sectores de clase media, manteniendo el perfil internacional de un país en donde funciona y se respeta el Estado de Derecho y los Derechos Humanos Fundamentales, por medio de una activa presencia en los foros internacionales y una gestión diplomática profesional, responsable y enraizada en las posiciones de principios que históricamente ha defendido Costa Rica. Pero sin ideas fuerza que generen desarrollo y empleo, nunca saldremos del subdesarrollo.

El país tiene que volver a soñar y estar consciente de que ¡Sí se puede!. Ese es el PLN en el que creemos. Un PLN al servicio de nuestra causa común que es Costa Rica. No creemos en el PLN secuestrado y del silencio presente. El país necesita volver a soñar y creer en que las soluciones existen. Ese es el mensaje que tenemos que llevar a todos los pueblos. Si lo hacemos, con estas y con otras ideas mejores que puedan aportar otros compañeros, la recuperación del Liberacionismo como fuerza política orientadora y líder, de la sociedad costarricense, podrá ser factible. Si no lo hacemos y sucumbimos frente al gamonalismo de los que solo piensa y promueven la VIEJA POLITICA, este PLN del presente camina hacia sus horas finales y hacia una derrota electoral sin precedentes en las elecciones del 2014.

Aunque las experiencias de cada uno fueron distintas y responden a agendas de trabajo propias y con distintas prioridades, todos, Juan José Echeverría (Administración Carazo), Ángel Edmundo Solano (Administración Monge), Juan Diego Castro (primera parte Administración Figueres ), Juan Rafael Lizano (primera parte de Administración Rodríguez), Jeanina del Vechio (segunda parte de Administración Arias) y el suscrito, desde sus propias perspectivas de análisis y aunque con diferencias, como es lo lógico, coincidimos en la extrema gravedad del problema, su prioridad y urgencia en la agenda nacional y la necesidad de un enfoque integral y despolitizado, con fundamento técnico y conceptual correcto y, lo más importante, en la urgencia de un esquema de soluciones de corto y mediano plazo, más allá de esta Administración y con la visión de por lo menos dos Administraciones más hacia futuro, independientemente de quien gane o cual partido político obtenga el favor de las urnas en las elecciones del 2014. El debate fue coordinado por el Magistrado Carlos Chinchilla.

A esto es a lo que llamo un Acuerdo Nacional sobre Seguridad e Impunidad. No voy a hablar por mis colegas, porque no sería ni correcto ni pertinente, pero sí voy a insistir y a rescatar esta tesis fundamental: o nos ponemos de acuerdo y el gobierno de doña Laura Chinchilla se impone, como tarea esencial y urgente, poner en blanco y negro las bases de un Acuerdo Nacional que trascienda a sus necesidades presupuestarias inmediatas y demuestra, a la vez, la capacidad política y la fortaleza técnica para negociar un documento en la Asamblea Legislativa con todas las Fracciones Parlamentarias (PLN, PAC, ML, PUSC, PASE, FA y los dos Diputados cristianos) y coincidir igualmente con el Poder Judicial en las reformas legales y procesales penales que urgen, para poner el gravísimo problema de la seguridad, la violencia criminal y la impunidad, en la perspectiva inmediata y de una década hacia adelante, con criterio nacional y no politizado, o seguiremos exactamente en lo mismo, actuando con irresponsabilidad y visión de corto plazo. Este dejo de ser una contingencia del gobierno de turno para transformarse en un problema país.

Es esa visión y un proyecto nacional de efectiva envergadura, a la vez que de realismo y pragmatismo presupuestario, porque se habla de una década de plazo y acción responsable, lo que necesita Costa Rica. Eso solo se puede lograr por medio de un Acuerdo Nacional, como se hizo en Colombia y en España y, desde siempre, existe en Israel. Construir esos puentes con la Asamblea Legislativa y con el Poder Judicial y olvidarse de las trampas y argucias del gobierno pasado, es lo que debe hacer doña Laura, en esta fundamental materia y en el ámbito de sus relaciones políticas actuales. Ver, asimismo, solo el inmediato presente, es no dimensionar la realidad del problema y negarle al país la posibilidad de un combate realista y coherente.

Superado el errático “tijerinazo” de un año y la censurable por mil razones altísima sub ejecución presupuestaria del 2010 en el Ministerio de Seguridad Pública, como creyente y ciudadano, deseo profundamente que la Virgen de los Ángeles le conceda a la Señora Presidenta de la República su petición del 2 de agosto en la Basílica de Cartago y que los Señores Diputados le den al Ministerio de Seguridad Pública el presupuesto que necesita para los próximos dos años y medio. Pero más estoy convencido de la necesidad imperiosa y nacional de que doña Laura ponga a trabajar a don Mario Zamora y a sus asesores, en preparar un texto corto, directo e imaginativo que sirva de base al debate legislativo sobre un Acuerdo Nacional de gran aliento y los documentos bien fundamentados de respaldo técnico sobre las necesidades reales proyectadas y la ejecución presupuestaria predecible, hacia el futuro, por lo que resta de su Administración y dos Administraciones más. Igual con las reformas necesarias en el Poder Judicial. Eso es pensar en Costa Rica.

La base conceptual para el debate de ese Acuerdo Nacional, a mi juicio, no es otra que las promesas de campaña y el mismo Programa de Gobierno que doña Laura Chinchilla ofreció a los costarricenses en la elecciones del 2006. Ahí hay un buen enfoque conceptual y programático. Además y del debate a que hago referencia en el Museo de los Niños, destaco además por su valor intrínseco y demostrado, las urgentes y necesarias reformas en materia penal y procesal, sobre el tema de la impunidad, desarrolladas con ejemplos y buenas propuestas de solución por el Ex Ministro Juan Diego Castro. El Poder Judicial tiene que ser parte directa de este Acuerdo Nacional y la reforma judicial penal es un empeño por el que muchos abogados, igualmente, venimos luchando desde hace mucho tiempo. Los dos enfoques, el de la seguridad nacional y ciudadana, así como el de la reforma judicial y procesal penal, como una impostergable evaluación, tienen que complementarse y hacerse efectivos en el tiempo, por medio de un Acuerdo Nacional, más allá de cualquier contingencia política. Primero es y debe ser siempre Costa Rica.

Pero nada de esto se logrará y seguiremos en más de lo mismo, sin una solución integral y de fondo con perspectiva real de futuro, si el Gobierno de la República concreta su acción sólo en su presupuesto inmediato y no toma la iniciativa y pone los instrumentos y textos de trabajo bien redactados y fundamentados, sobre la mesa de negociaciones, en la Asamblea Legislativa y frente al Poder Judicial, para alcanzar un verdadero Acuerdo Nacional de mediano plazo. Es al gobierno actual, a la Presidenta de la República y a sus Ministros de Seguridad Pública, de Justicia y de la Presidencia, a los que les corresponde actuar y hacer el trabajo. Es hora de asumir en serio, con firmeza y responsablemente, el grave problema de la seguridad, la violencia y la impunidad en Costa Rica. Lo que se necesita es firmeza y determinación, como se dijo en la campaña electoral del 2010.